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Caótica última semana del año para el parlamento federal australiano

Australia PM Scott Morrison Source: AAP

El gobierno ha culminado el último día de sesión del año con un último esfuerzo para llegar a un acuerdo sobre su proyecto de ley de discriminación religiosa, en lo que sido una quincena complicada para la Coalición en medio de escándalos, renuncias y fracasos.

Nueve diputados y senadores han votado en contra del Gobierno, lo que le ha obligado a deshacerse de una legislación clave.

Fue una última quincena de sesiones que el Gobierno preferiría olvidar.

Legislación clave ha sido desechada o archivada por el gobierno, que anteriormente tenía la esperanza de poder llevar estas victorias a las elecciones.

Las leyes de discriminación religiosa, prometidas antes de las últimas elecciones, se han enfrentado a una feroz resistencia por parte de algunos moderados liberales y de los diputados independientes.

Ahora este proyecto de ley se enfrentará a dos investigaciones, que se informarán a principios de febrero, y no hay garantía de que se apruebe antes de las próximas elecciones.

También se cuestionaron los planes del gobierno de exigir a los votantes que muestren su identificación en los colegios electorales.

El gobierno decidió deshacerse de ella por completo, a cambio de un acuerdo con los laboristas para aumentar el escrutinio de las organizaciones benéficas.

El tesorero en la oposición, Jim Chalmers, ha defendido la medida pero el sector benéfico dice que afectará a su capacidad para atender a la comunidad.

Mientras tanto, otra promesa electoral clave -un proyecto de ley de integridad federal- quedó fuera del ámbito parlamentario.

La diputada independiente Helen Haines trató esta quincena de presentar su propio proyecto de ley, y el gobierno lo frustró.

El último día de sesión tuvo como colofón la despedida de un alto cargo de la coalición.

El ministro de Sanidad, Greg Hunt, puso fin a sus 20 años de carrera con una emotiva despedida.

Es la segunda salida de un alto cargo del Gobierno en 24 horas, después de que el exfiscal general Christian Porter dijera el miércoles que no se presentará a las elecciones federales del año que viene en su escaño de Pearce, en Australia Occidental.

Se esperaba que Porter dejara la política tras un año en el que pasó de uno de los puestos más altos del parlamento a la bancada.

A principios de este año, se le imputó una acusación histórica de violación en una carta enviada al Primer Ministro Scott Morrison.

Porter negó enérgicamente la acusación y emprendió una acción por difamación contra la ABC, lo que llevó a Morrison a nombrarle para la cartera de Industria, Ciencia y Tecnología en una remodelación, ya que no podía seguir siendo fiscal general mientras intentaba demandar a la cadena pública.

Porter abandonó su puesto después de declarar que había aceptado fondos de donantes anónimos para cubrir parte de los gastos legales de su acción de difamación contra la ABC, acción que finalmente abandonó.

Y, en la última semana de sesiones parlamentarias de 2021, la afirmación de la exempleada liberal Rachelle Miller de que el ministro de Educación, Alan Tudge había actuado con violencia hacia ella fue cuidadosamente programada para subrayar la mordaz acusación de Kate Jenkins sobre la cultura en el lugar de trabajo parlamentario.

Tudge, se vio obligado a apartarse después de que Miller le acusara de haberla echado de la cama cuando su teléfono sonó a las 4 de la mañana.

Ella asegura que sucedió durante un viaje de trabajo de 2017, cuando ella y Tudge estaban en un hotel en Kalgoorlie, donde también se alojaba el entonces primer ministro Malcolm Turnbull.

Miller era la asesora de medios de Tudge. Los dos tuvieron lo que Miller ha descrito como un romance consensuado, pero ahora dice que fue más complicado.

Alan Tudge ha emitido un comunicado en el que afirma que rechaza "total y absolutamente" las acusaciones, que según él son "contradictorias" y "erróneas".

Dado el inmenso impacto personal de las acusaciones, también se tomará una licencia personal.

La investigación se produce menos de dos días después de que se publicara el informe de la Comisionada de Discriminación Sexual, Kate Jenkins, sobre la cultura del lugar de trabajo en el Parlamento.

En él se constata que una de cada tres personas que trabajan allí ha sufrido acoso sexual.

El Parlamento se reanudará el 8 de febrero.

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