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Contraer la COVID en Venezuela crea el temor de ser “secuestrado” en lugares no aptos para su tratamiento

Crisis sanitaria en Venezuela por la COVID-19 Source: AAP

En Venezuela, país que superó la barrera de los 20,000 casos de COVID-19 y en donde la pobreza supera a la de Haití, el contraer el coronavirus genera un temor de ser “prácticamente secuestrado por el gobierno para ser llevado a lugares que no son propios para el tratamiento”, según un informe del corresponsal de SBS Spanish en Caracas, Eugenio Martínez.

Venezuela, con unos 30 millones de habitantes, superó el primer fin de semana de agosto los 20,000 contagios y 176 muertes, de acuerdo con cifras oficiales.

A pesar del alza en los números, las cifras siguen cuestionadas por organizaciones como Human Rights Watch al considerarlas poco confiables.

Venezuela registró en la última semana un incremento de 4,000 casos. Los hospitales públicos y privados ya están desbordados y el gobierno se ha visto obligado a convertir a los hoteles y al Poliedro de Caracas en centros de alojamientos y hospitales temporales para atender la emergencia sanitaria, que se prevé llegue a su pico en septiembre.

En Venezuela, en donde se calcula que hay unas 600 camas de cuidados intensivos, de las cuales solo la mitad cuenta con respiradores, los ciudadanos temen admitir que han contraído el coronavirus porque se teme ser “prácticamente secuestrado por el gobierno para ser llevado a lugares que no son propios para el tratamiento”, dijo el corresponsal de SBS Spanish en Caracas, Eugenio Martínez.


Puntos destacados:

  • Venezuela superó los 20,000 casos al comenzar el mes de agosto y se encamina a registrar unos 1,000 casos diarios en el mes de septiembre.
  • Nicolás Maduro ordenó una semana de "cuarentena radical" en toda Venezuela, aunque al mismo tiempo se plantea flexibilizar las restricciones en este país, cuya pobreza supera a la de Haití, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), 2019-2020.
  • La negativa de la Oposición de participar en los comicios legislativos de diciembre plantean un dilema constitucional, dado que Maduro no es reconocido como presidente, ni Juan Guaidó sería un presidente interino legítimo, según el corresponsal de SBS en Caracas.

Martínez explicó que estos lugares designados por la administración de Nicolás Maduro, especialmente en la frontera, son “lugares con hacinamiento, dejados a su suerte y en donde el control no lo tienen las autoridades sanitarias sino las autoridades militares”.

“Estos lugares se caracterizan por la inobservancia de la mayoría de los protocolos médicos” y de acuerdo a las organizaciones de derechos humanos no son aptos para tener pacientes con síntomas de la COVID-19 y mucho menos para aquellos en estado crítico.

Antes de la pandemia, Venezuela afrontaba una crisis que limitaba el movimiento hacia el exterior dado que solo se registraban unos cinco vuelos internacionales a la semana, lo que ralentizó la propagación del virus hasta la llegada de los expatriados.

El impacto de la COVID-19 y sus medidas de confinamiento, junto a la drástica caída de los precios del petróleo, se suman a la inseguridad alimentaria preexistente. Esto, sumado al deterioro constante del poder adquisitivo de los venezolanos, en un país donde los alimentos importados son cada vez más caros.

Los venezolanos que retornaron del exterior

De acuerdo con las cifras que baraja la Plataforma de Coordinación para los Refugiados y Migrantes de Venezuela, en junio de 2020, había 5,2 millones de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo venezolanos en la región, de los cuales miles de ellos han retornado a su país de origen, incluso a pie.

Los llamados “retornados”, un término que ha estigmatizado a los 60,000 venezolanos que han regresado al país desde el exterior, han sido responsabilizados al inicio de la pandemia de los contagios. Incluso el gobierno acusó al presidente de Colombia, Iván Duque, de infectar a estos inmigrantes para usarlos como una especie de arma química contra Venezuela.

“El discurso que da la categoría de retornados hace que sea diferentes al de los (casos) importados”, dijo Martínez, al enfatizar la estigmatización que se hace de los venezolanos que entran al país tras haber perdido sus empleos en otras naciones de la región. 

Cuarentena radical

El mandatario socialista Nicolás Maduro ordenó una semana de "cuarentena radical" en toda Venezuela, justo cuando el país caribeño rompió este domingo la barrera de los 20.000 casos de COVID-19, según reportes oficiales.

La decisión se enmarca dentro de un esquema de confinamiento llamado "7+7" vigente desde junio, que alterna siete días de "cuarentena radical" con siete de "flexibilización" que permiten actividades de sectores económicos distintos a alimentación, salud o seguridad.

Ciudades como Caracas, ahora convertida en epicentro del nuevo coronavirus, y los vecinos estados Miranda y La Guaira, han estado bajo "cuarentena radical" desde el 15 de julio. Antes, el estado Zulia, en la frontera con Colombia, ya había entrando en un confinamiento reforzado por el avance de casos.

A partir del lunes 10 de agosto se aplicará una semana de "flexibilización" en todo el país, expresó Maduro desde el patio de la "casona presidencial" de Caracas, convertida en museo.

Según Martínez, estas medidas de cuarentena radical y flexibilación parecen contradictorias, en un contexto además en el que existe desconfianza respecto a la información que proporciona el gobierno respecto a la pandemia.

Uno de los puntos críticos es la centralización de las pruebas para detectar la COVID-19, que recae solamente en un centro gubernamental, pese a que existen laboratorios privados capacitados para hacerlas, precisó el corresponsal de SBS en Caracas.

Un reciente estudio de “Human Rights Watch-Johns Hopkins” remarca que la tasa real de mortalidad de la COVID-19 es desconocida y es probable que varíe según la edad, los problemas de salud preexistentes y la disponibilidad de tratamiento, entre otros factores.

Venezuela no publica un boletín epidemiológico desde el año 2015 y desde el inicio de la pandemia no hay información detallada con respecto al suministro de las pruebas, por lo que se duda de las cifras que da el gobierno en torno a los casos y muertes, a pesar de que la administración de Nicolás Maduro decretó una cuarentena nacional para prevenir los contagios con coronavirus antes que otros países en Latinoamérica. 

Elecciones plantean un dilema constitucional 

El domingo 2 de agosto, 27 partidos de oposición comunicaron que no participarán en los comicios parlamentarios de diciembre, una decisión que ha sido avalada por el jefe del parlamento, Juan Guaidó.

Desde la jefatura del Parlamento, Guaidó reclamó en enero de 2019 la presidencia encargada de Venezuela, con el reconocimiento de medio centenar de países encabezados por Estados Unidos; luego de que la mayoría opositora de la cámara declarara "usurpador" a Maduro acusándole de haber sido reelecto en 2018 de manera fraudulenta.

La oposición acusa a Maduro, bajo cuya gestión el país con las mayores reservas de crudo del mundo cayó en la peor crisis de su historia reciente, de usar "el control que ejerce sobre todos los poderes públicos" para acabar" con la posibilidad de tener cualquier tipo de elección libre y competitiva".

También rechazan la designación, el 12 de junio pasado, por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -de línea chavista- de la directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE) encabezada por Indira Alfonzo, una exmagistrada sancionada por Canadá.

Pero Maduro se empeña en sacar adelante estos comicios convocados para el 6 de diciembre de este año para que el pueblo elija con su voto una nueva Asamblea Nacional, a pesar de la pandemia. 

“Nosotros estamos... con la mente puesta en la movilización, en la organización a pesar de la pandemia”, agregó Maduro, quien confía que “esta vez el pueblo de Venezuela no va a fallar, esta vez el pueblo de Venezuela va a ir a votar y vamos a ganar la Asamblea Nacional”, cuya mayoría abrumadora perdió el oficialismo en 2015.

El corresponsal de SBS en Caracas explicó que la decisión de la oposición de boicotear las elecciones es similar a la de 2018, aunque planteó que esta da paso a un escenario político complicado en cuanto a las negociaciones con la administración de Maduro como para el ejercicio del gobierno interino en el exilio.

La Asamblea Legislativa que preside Guaidó vence en 2021, por lo que la negativa de la oposición de participar en los comicios de diciembre plantea “un dilema constitucional” dado que Nicolás Maduro es reconocido de acuerdo a la Carta Magna ni Juan Guaidó tendría legitimidad como presidente interino, precisó Martínez.

Escucha el podcast presionando la imagen de arriba.

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