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Crisis política por arresto de expresidenta se suma a problemas en proceso de vacunación en Bolivia

Jeanine Anez declares herself the country's interim president during a session at Congress, in La Paz, Bolivia, Tuesday, 12 November, 2019. Source: AAP

Jueza decretó 4 meses de prisión provisional para la expresidenta Jeanine Áñez y dos de sus ex ministros, por su implicación en el supuesto golpe de Estado contra Evo Morales. El proceso de vacunación, en tanto, muestra retrasos por reclamos de personal sanitario contra ley de Emergencia Sanitaria que los perjudicaría, mientras Bolivia vive la desescalada de una "segunda ola" de coronavirus.

Cuatro meses de prisión preventiva para la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, por el caso del supuesto golpe de Estado contra el exmandatario izquierdista Evo Morales en 2019, fue lo que dictó la jueza Regina Santa Cruz, quien lleva el caso contra los líderes del gobierno interino que sucedió a Morales en el cargo.

Áñez asumió la presidencia tras la dimisión de Morales y ahora exige un juicio de responsabilidades o de privilegio; que se realiza en el Tribunal Supremo de Justicia, previa autorización del Congreso, pues argumenta que su presidencia fue legítima al tratarse de una "sucesión constitucional".

Jeanine Áñez negó todas las acusaciones y desestimó incluso la existencia de un "golpe de Estado". 


Puntos destacados:

  • La expresidenta Jeanine Áñez y los ministros detenidos tendrán que pasar cuatro meses en prisión preventiva por su rol en el supuesto golpe de Estado contra Evo Morales.
  • La Fiscalía acusa a Áñez, a cinco de sus exministros, a jefes de las Fuerzas Armadas y policiales, entre otros, de "sedición, terrorismo y conspiración" en el golpe de Estado. Todos ellos están con orden de captura.
  • Evo Morales gobernó Bolivia desde el 2006 hasta 2019 cuando fue acusado de fraude electoral y tuvo que renunciar a la presidencia.

"Me envían 4 meses detenida para esperar el juicio por un 'golpe' que nunca ocurrió", afirmó Áñez en Twitter.

La audiencia cautelar se desarrolló el día domingo por varias horas y de manera virtual.

La jueza Santa Cruz escuchó en audiencia a las partes, tanto a la Fiscalía como a los abogados defensores de Áñez y de sus exministros de Justicia, Álvaro Coímbra, y de Energía, Rodrigo Guzmán, todos detenidos todos entre el viernes y el sábado.

La Fiscalía había pedido inicialmente para los tres políticos seis meses de prisión preventiva para evitar una posible fuga al extranjero de los acusados.

"Desde aquí llamo a Bolivia a tener fe y esperanza. Un día, entre todos, levantaremos una Bolivia mejor", escribió también Áñez en su Twitter.

La exmandataria, de 53 años, fue detenida el sábado en la ciudad de Trinidad, capital del departamento amazónico de Beni (600 km noreste de La Paz). Áñez y sus dos ministros: Coímbra y Guzmán, fueron denunciados por sedición, terrorismo y conspiración.

La expresidenta, también abogada, política y expresentadora de televisión, fue detenida mientras se escondía en un baúl en la casa de un familiar.

La Fiscalía de Bolivia justificó el pedido de detención por una supuesta conspiración para llevar a cabo "un presunto golpe de Estado" contra Morales, quien dimitió en noviembre de 2019 en medio de una fuerte convulsión social.

Morales fue denunciado por sus opositores quienes lo acusaron de cometer fraude electoral en las elecciones presidenciales con la intención de mantenerse en el poder por cuarta vez consecutiva y de forma ininterrumpida hasta 2025.

Evo Morales en Argentina
Evo Morales en Argentina
Twitter

Las protestas derivaron en un motín policial y posteriormente en un pedido de las Fuerzas Armadas para que Morales diera un paso al costado, lo que empujó al mandatario a dimitir y a salir exiliado a México, antes de trasladarse a Argentina como refugiado.

En la demanda por "sedición, terrorismo y conspiración" figuran cinco exministros de Áñez, y jefes policiales, militares y civiles, sobre quienes pesan órdenes de captura.

Reacciones a los arrestos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, en tanto, urgió a mantener las "garantías judiciales".

"Al Estado de Bolivia respetar los estándares interamericanos sobre garantías judiciales, independencia y protección judicial", escribió la CIDH en su cuenta de Twitter.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también pidió que se respeten "las garantías al debido proceso y haya una transparencia total en todos los procedimientos", según un comunicado de su portavoz.

Por su parte, la Unión Europea calificó de "preocupantes" los acontecimientos en Bolivia y dijo que los sigue de cerca.

En Bolivia, en tanto, la influyente Conferencia Episcopal de Bolivia pidió en un comunicado "la inmediata puesta en libertad de los detenidos".

Los obispos dijeron que no pueden "permanecer pasivos, mientras se persigue a ciudadanos que han servido a Bolivia".

El excandidato de centro y exmandatario Carlos Mesa (2003-2005) mandó cartas de reclamo a las Naciones Unidas, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la OEA, a la Unión Europea y a la CIDH para que tomen nota de lo que sucede en Bolivia en estos momentos.

Mesa expresó que con estas detenciones se busca eliminar la oposición política y silenciar a parte de la sociedad del país.

Se pretende "infundir terror desde el gobierno, manipulando la fuerza policial, fiscal y judicial del Estado, para eliminar a la oposición al actual gobierno y amordazar a parte considerable de la sociedad boliviana", escribió Mesa.

Evo Morales, en tanto, desestimó la defensa de Áñez que argumenta que su presidencia fue lícita al tratarse de una "sucesión constitucional".

El expresidente escribió en Twitter que "no se puede hablar de sucesión constitucional [...] cuando se ha violado" la Constitución. Dijo, además, que Áñez "se autodesignó presidenta".

En la misma línea, el actual ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que le corresponde un proceso ordinario por sus actuaciones como senadora, antes de haber asumido la primera magistratura.

Los problemas de la vacunación

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón Merubia, informó ayer desde Tarija que el Plan Nacional de Vacunación se encuentra vigente y se lo socializa con los movimientos sociales.

Recordó que las primeras 20 mil dosis llegaron a Bolivia para garantizar la inmunidad del sector de salud de primera línea; posteriormente arribaron medio millón de vacunas Sinopharm para vacunar al grueso del personal de salud y de manera conjunta iniciar la vacunación a enfermos renales y oncológicos.

El cronograma señala que en el mes de abril se inoculará a las personas mayores de 60 años y con enfermedades de base de toda edad; en mayo les tocará a las personas de 50 a 59 años; en junio de 40 a 49 años; en julio personas de 30 a 39; en agosto de 18 a 29 y en septiembre a quienes resulten rezagadas.

Hasta el 31 de marzo está prevista la llegada, de acuerdo a contrato, de 1,7 millones de vacunas Sputnik V y se garantizará su distribución con el Programa Ampliado de Inmunización, que establece una planificación por edades.

En los próximos días se lanzará un prerregistro nacional para facilitar que el proceso de vacunación sea eficiente y que en el menor tiempo posible se llegue a la mayor cantidad de personas en el territorio nacional.

El proceso de vacunación, sin embargo, no ha estado exento de críticas.

La gobernación opositora de Santa Cruz acusó una supuesta mala distribución de las dosis y un uso discrecional hace dos semanas.

El jefe de Epidemiología de Santa Cruz, Carlos Hurtado, dijo que el gobierno boliviano comunicó que a esa región le entregaría más de 147.000 dosis, pero sólo les había dado 100.000. hasta esa fecha.

El gobierno "nos hace planificar con 147.212 dosis y nos deja aquí en la puerta 100.000 dosis. Se llevaron 47.210 dosis que iba a ser para completar el personal de salud [de Santa Cruz] y abrirnos a personas con patología de base y población en general", afirmó Hurtado.

El gobierno boliviano compra las vacunas en el exterior y las entrega a los servicios de salud de las nueve gobernaciones para su uso. Según la queja, las faltantes son parte de un lote de 500.000 dosis de la farmacéutica china Sinopharm que llegó la semana pasada a Bolivia.

La crítica de Hurtado se sumó a la denuncia que hizo posteriormente el secretario de Salud de esa gobernación, Joaquín Monasterios, sobre una supuesta "vacunación clandestina" de 63 personas. Monasterios no identificó a los supuestos beneficiados.

Otro de los problemas se han dado por las protestas y paros del personal sanitario ante la aprobación de la ley de Emergencia Sanitaria.

El personal médico agrupado en el Consejo Nacional de Salud (CONASA) se ha movilizado para exigir mejores condiciones para sus colegas y evitar que sean reemplazados por personal extranjero, principalmente cubano, como medida de presión para que depongan las movilizaciones.

El presidente Luis Arce ha llamado a los médicos y personal sanitario ha que depongan sus movilizaciones y se concentren en la lucha contra la pandemia.

Bolivia, hasta ahora, cuenta con 259 mil infectados y casi 12 mil muertos por coronavirus según cifras oficiales, aunque algunos expertos creen que las cifras reales son mucho más altas.

Escucha el informe de Javier Aliaga, corresponsal de SBS Spanish en Bolivia, presionando en la imagen principal.

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