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Nicaragua: los derechos humanos aun vulnerables a tres años de las sangrientas protestas civiles

Source: eldiario.es

Con motivo del tercer aniversario de las sangrientas protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, la oposición de Nicaragua volvió a demandar "libertad, justicia y democracia" mientras los familiares de las víctimas de las protestas del 18 de abril, 2018 recordaban los hechos con misas en distintas partes del país. Wilfredo Salamanca, corresponsal de América Central, amplía la noticia para SBS Radio Spanish.

La Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH), Naciones Unidas (ONU) y Human Rigths Watch han enviado  mensajes de solidaridad a las víctimas de las protestas contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega iniciadas en Nicaragua el 18 abril de 2018 contra una reforma al sistema de pensiones, que evolucionaron a exigencias de cambios en el sistema democrático y que dejaron, según estos organismos, cientos de fallecidos, detenidos y exiliados.

Pero desde 2018, el Gobierno ha rechazado los informes de la ONU y de la CIDH, argumentando que se basan en datos proporcionados por organismos civiles que, según dicho Gobierno, participaron en  un “intento de golpe de Estado”.

Como consecuencia de la fuerte represión de las protestas en 2018, cerca de una treintena de funcionarios y familiares del presidente Ortega, entre ellos su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, han sido sancionadas en los últimos tres años por Estados Unidos en el marco de la ley Magnisky, que persigue a los extranjeros señalados por corrupción y violación a derechos humanos.

Washington también aplicó a Nicaragua la llamada Nica-Act, una ley que condiciona los préstamos que recibe Managua de los organismos como el Banco Mundial (BM), y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financiaban parte del presupuesto nicaragüense.

Canadá, por su lado, impuso en 2019 sanciones a nueve funcionarios nicaragüenses, entre ellos Murillo.

Mientras que la Unión Europea (UE) adoptó sanciones contra seis allegados del Gobierno por su participación en la represión política y el deterioro de instituciones democráticas en Nicaragua.

Pero esta semana funcionarios del Gobierno de Nicaragua demandaron en la Cumbre Iberoamericana la suspensión de lo que denominan "injustas" sanciones internacionales impuestas contra el Gobierno de Daniel Ortega tras la represión de las protestas opositoras de 2018.

"Es necesario poner fin y que se deroguen las medidas coercitivas unilaterales y violatorias de la carta de la ONU que obstaculizan los planes de desarrollo de nuestros países", exhortó el canciller Denis Moncada durante su participación virtual en la Cumbre Iberoamericana de Andorra.

Escucha el informe completo presionando la imagen principal en esta página.

 

 

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