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Australia conoció la identidad del ministro acusado de violación sexual, pero aún quedan asuntos por esclarecer

Attorney-General Christian Porter with Prime Minister Scott Morrison at a forum in Pearce. (AAP)

En una dramática comparecencia, el fiscal general de Australia, Christian Porter, reveló que él fue el ministro acusado de violaciones sexuales, en medio de crecientes pedidos para que se realice una investigación independiente sobre los presuntos hechos ocurridos hace más de 30 años, y que la Policía de Nueva Gales del Sur ha dejado de investigar por falta de evidencias.

Tras días de vilo en torno a la identidad del ministro en el centro de las acusaciones sobre una presunta violación de una adolescente de 16 años en un incidente ocurrido en Sídney en el año 1988, el fiscal general de Australia, Christian Porter, quien entonces tenía 17 años, negó los hechos que se le atribuyen tajantemente diciendo que; “solo era un chico, no la violé”.

“Ninguna de las acusaciones que se han publicado sucedieron, no sucedieron”, enfatizó Porter al insistir que no se apartará a su cargo porque considera que de hacerlo abriría la puerta para que cualquier otra persona de su país pierda su trabajo a raíz de las acusaciones de la prensa.

A pesar de la comparecencia y del cierre de las investigaciones por parte de la Policía de Nueva Gales del Sur, las acusaciones contra Porter han creado una situación inédita para el gobierno de Scott Morrison, quien está bajo fuerte presión por sectores que piden una investigación independiente y para que de un mensaje fuerte respecto a que escucha y protege a las mujeres.

"Si bien Porter dio un paso adelante para salir del anonimato, esta situación no tiene precedentes para un gobierno australiano. El fiscal general, el primer funcionario de la ley del país, es acusado él mismo de una de las más graves infracciones de la ley imaginables”, apuntó Bernard Keane, editor político de la revista de análisis australiana Crickey.

Y es que “Porter no es un ministro cualquiera: su función de fiscal general lo distingue. Es el primer funcionario de la ley del país, lo que significa que debe estar por encima de cualquier sospecha. Es la vieja prueba de la "mujer del César" y -como corresponde- el listón está alto”, apuntó por su lado, la politóloga Michelle Grattan apuntó en la revista The Conversation.


Puntos destacados:

  • El fiscal general de Australia, Christian Porter, el máximo representante de la justicia en el país, negó el miércoles haber violado a una adolescente de 16 años en 1988, durante una competencia escolar de debate en Sídney.
  • Crecen los pedidos para una investigación independiente sobre las denuncias de presunta violación sexual perpetrada por el fiscal general, Christian Porter, a pesar de que la Policía cerró el caso tras la muerte de la denunciante.
  • El primer ministro australiano, Scott Morrison, dijo el jueves que “su corazón solo puede romperse” por alguien que ha perdido a su hijo, al dirigirse a la familia de la presunta víctima. Asimismo, reafirmó que Porter asegura ser inocente y que el estado de derecho es lo que debe prevalecer.

El secreto mejor guardado de Camberra

El caso, que se suma a una serie de denuncias de violación sexual de empleados y políticos de Camberra conocidas desde mediados de febrero, estalló la noche del viernes pasado cuando la cadena ABC hizo público que el primer ministro australiano, Scott Morrison, recibió una carta anónima denunciando al fiscal general de esta presunta violación y pidiendo justicia para esta mujer.

Porter dijo que Morrison no le ha enviado esa carta con la denuncia.

La Policía del estado de Nueva Gales del Sur, archivó el caso esa semana argumentando que las pruebas que tenía eran insuficientes y que no puede proseguir con las pesquisas porque la presunta víctima, quien se quitó la vida en 2020 meses después de presentar una denuncia, no hizo una declaración formal sobre el supuesto incidente.

El miércoles el juez de instrucción de Australia del Sur dijo que ha determinado que si bien la Policía de su estado le ha dado información sobre el caso, él ha determinado que "la investigación es incompleta", según un comunicado.

Una vez terminada sus investigaciones, el juez decidirá si abre un proceso.

El abogado de la presunta víctima, Michael Bradley, dijo a Today del Canal 9 que el primer ministro, Scott Morrison, no debería descartar una investigación externa e independiente.

"El primer ministro tiene una opción, y es aceptar que este asunto está cerrado, basándose en la negación de la acusación por parte del Sr. Porter, y decirnos a todos que sigamos adelante y que eso es el final, o llegar a la opinión de que el asunto no está cerrado porque ese signo de interrogación todavía permanece, y por lo tanto tiene que haber un proceso para tratar con él.

"El objetivo de un proceso de este tipo es reunir todas las pruebas posibles. Las examina, las sopesa y llega a una decisión, que puede que lo exonere", agregó. 

Crecen los pedidos en favor de una investigación independiente

A pesar de que se ha cerrado el caso y las críticas de Porter contra los medios de comunicación por considerar que se le ha catapultado sin pruebas concretas, varios sectores políticos y civiles, así como allegados de la presunta víctima, piden que los hechos se investiguen de forma independiente como se hizo con el exjuez del Tribunal Superior de Australia Dyson Heydon, acusado de acosar sexualmente a miembros de su personal.

“No sé qué podría lograrse”, precisó el ministro Porter, al insistir en que las acusaciones, que suponen una mancha indeleble en su carrera, son parte de una conspiración que comenzó con rumores hace algunos meses en Camberra.

Para Bernard Keane, editor político de la revista de análisis australiana Crickey, una investigación independiente daría a Porter la oportunidad de esclarecer los hechos, así como permitiría al gobierno sacudirse de la sombra que empaña al gabinete y a la figura del fiscal general.

Por otro lado, este tipo de investigación también reforzaría la posición del primer ministro, Scott Morrison, como defensor de los derechos de las mujeres, no como parte de retórica de padre de familia, sino como mandatario de la nación.

“La lógica de una investigación supone que Scott Morrison tiene en mente el interés público: la necesidad de la nación de confiar en que el gabinete es un órgano formado por personas de gran integridad, que el fiscal general no es un delincuente, y que la necesidad de que se haga justicia, en la medida de lo posible en esta horrible situación, tanto para el ministro como para el denunciante”, precisó Keane.

Para David Speers, presentador del programa Insiders de la cadena ABC, Morrison debe sopesar si ordena una investigación o si se resiste a ese paso, y sigue adelante con las críticas a cuestas por no escuchar a las víctimas.

“Una investigación llevada a cabo por un ex juez respetado o por un grupo de expertos independientes, que analice el 'equilibrio de probabilidades' en este caso, puede no ser la respuesta perfecta, pero puede ser la única opción viable que queda disponible para dar un cierre a este caso inusual. Desde el punto de vista político, también puede ser la única solución para un Primer Ministro que se encuentra en una posición difícil”, apuntó Speers.

Juicio mediático 

Porter también argumentó que no dimitirá por considerarse víctima de un “juicio mediático”, aunque Dennis Muller, experto en periodismo de la Universidad de Melbourne, considera que ésto no ha sido así y que la prensa solo cumplió con su función.

Muller explicó que el juicio por los medios de comunicación se produce cuando la cobertura de los medios de comunicación prejuzga el resultado de los procesos legales, como las investigaciones policiales o los juicios en los tribunales o cuando los medios de comunicación inician un asunto y luego proceden a hacer de fiscal, juez y jurado.

“Ninguna de las dos cosas se aplica en el caso Porter”, explicó el académico al argumentar que los medios reportaron sobre la existencia de la carta sin que se nombrara al ministro y con una previa asesoría legal par no caer en la difamación o evitar que se emita una orden judicial que detenga su publicación.

Los medios son el cuarto poder como fiscalizador del gobierno y comentarista, y en el caso de la denuncia contra el ministro, el escrutinio estaba en Scott Morrison, quien ya estaba bajo presión por las acusaciones de violación sexual formuladas por la exempleada del Partido Liberal Brittany Higgins, perpetradas presuntamente por un excolega en 2019.

“¿Cuándo lo supo? ¿Qué sabía? ¿Cómo lo sabía? ¿Qué hizo? ¿Qué pretende hacer? Todas estas preguntas son legítimas y no tienen nada que ver con lo correcto o incorrecto de la acusación en sí. Tienen todo que ver con la forma en que el primer ministro maneja otro presunto incidente de conducta sexual inapropiada que involucra a alguien de su gobierno”, subrayó Muller.

Este caso además ha cobrado un nuevo giro después de que el diario The Australian publicara este jueves que la ministra de Defensa, Linda Reynolds, se refirió a la ex empleada liberal Brittany Higgins como una "vaca mentirosa" después de que ésta hablara de su supuesta violación en el Parlamento.

La espada de Damocles pende sobre Morrison y su gobierno por mucho tiempo.

Si te sientes perturbado o perturbada por esta noticia puedes ir a tu médico de cabecera o llamar a la línea de apoyo gratuito Lifeline is 13 11 14. Si alguien es víctima de abusos sexules o violencia doméstica llama a 1800RESPECT (1800 737 732 ) o visita el portal www.1800RESPECT.org.au