El presidente de la Comisión Real para los Bancos, Kenneth Hayne, dará inicio hoy a la primera sesión en la que se pondrá bajo la lupa las malas prácticas en la industria financiera y las conductas dudosas de los bancos, financieras, aseguradoras y gestora de fondos de jubilaciones, una esperada investigación que costará 75 millones de dólares y durará un año.
Hayne, un exjuez del Tribunal Superior de Australia, dará un discurso en la primera sesión pública que se celebra en Melbourne y que en los próximos doce meses se espera que se centre en la cuestionable conducta de las instituciones financieras frente a sus clientes individuales y las pequeñas empresas.
La Comisión está conformada, además de Hayne, de los consejeros asistentes, los letrados Rowena Orr y Michael Borsky, quienes también tienen previsto dar una breve alocución.
En esta primera audiencia no comparecerá ningún testigo.
"La comisión no puede resolver las disputas individuales", aclaró el su página de internet, al precisar que "no puede determinar o brindar indemnizaciones o dar órdenes para que alguna parte implicada adopte o no adopte alguna medida".
El senador del Partido Nacional, John Williams, propuso que la Comisión proteja tanto a los delatores como a las víctimas de las malas prácticas de los bancos.
Las víctimas que han sido estafadas por las instituciones financieras podrían ser demandadas por brindar evidencia si es que firmaron previamente un acuerdo privado, el cual generalmente incluye cláusulas de confidencialidad.
Los cuatro principales bancos, incluyendo el Commonwealth, que recientemente ha sido protagonista de varios escándalos, prometieron no demandar a ninguna víctima o antiguo empleado.
Pero el senador Williams quiere que se proteja a todas las víctimas de docenas de bancos pequeños y regionales, así como agentes de seguros mediante acuerdos similares.
La Comisión Real, que el viernes pasado publicó un informe dedicado al creciente dominio de los cuatro grandes bancos, especialmente en el mercado hipotecario de 1,6 billones de dólares (en inglés 1.6 trillion), que se centrará en el escrutinio de la planificación financiera, préstamos a los agronegocios y comercios rurales, corredores de hipotecas, así como la gestión de los fondos de jubilación (Superannuation) y seguros de vida.
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