Los socios del acuerdo comercial de libre comercio Asia-Pacífico (TPP), amenazado desde la decisión a comienzos de 2017 de Donald Trump de retirar a su país, se pusieron de acuerdo para relanzar el pacto con once países, sin Estados Unidos, anunció este martes el gobierno japonés.
Los 11 socios -Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam- ya habían avanzado en las negociaciones en noviembre de 2017, al margen de una cumbre del APEC (Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico) en Vietnam, pero quedaban por resolver algunos diferendos.
"Una declaración fue finalmente concluida y 11 países se pusieron de acuerdo para preparar la firma" de un nuevo acuerdo, declaró el ministro de Economía nipón, Toshimitsu Motegi, durante una conferencia de prensa tras una reunión de negociadores en jefe en Tokio.
Es una decisión "que hace historia para nuestro país y el futuro de la región Asia-Pacífico", se congratuló.
El acuerdo debería ser rubricado "de aquí a comienzos del mes de marzo", según un comunicado del gobierno de Singapur.
El primer ministro japonés, Shinzo Abe, tenía particular interés por resucitar este pacto.
Promovido por Estados Unidos bajo la presidencia de Barack Obama, el TPP, visto como un contrapeso a la creciente influencia de China, fue firmado en 2015 tras largos años de negociaciones entre los 12 países, que representan el 40% de la economía mundial.
El nuevo conjunto cuenta con el 13% de la economía global, según la agencia de prensa Kyodo.
Poco después de su elección para ocupar la Casa Blanca, Donald Trump había abandonado abruptamente este tratado, en el marco de sus políticas proteccionistas, con el objetivo de salvar empleos estadounidenses según él amenazados por el libre comercio.
El TPP quiere convertirse en un pacto ambicioso que va más allá del simple levantamiento de las barreras aduaneras.
Prevé también el levantamiento de barreras no tarifarias, como la apertura de llamados a ofertas nacionales de los países miembros a empresas extranjeras sin ventajas indebidas para las propias empresas públicas, la determinación de normas comunes para el comercio electrónico y los servicios financieros, el respeto del derecho de trabajo según las normas de la Organización Mundial del Trabajo (OIT).
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© Agence France-Presse
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