Siyat Abdi había estado viviendo en Australia durante más de 10 años cuando le dijeron que tenía 28 días para abandonar el país. Su ceguera impidió que aprobara los criterios de salud que se toman en cuenta para aceptar a un inmigrante en Australia, que señalan que la persona que solicita la residencia permanente no tenga una enfermedad o condición que "podría requerir atención médica o servicios comunitarios".
"Tuve una experiencia muy mala con las regulaciones de los criterios de salud", dijo Abdi, originario de Kenia, a SBS News.
"Si uno tiene una discapacidad física y no cumple con los criterios de salud, entonces se le trata igual que a un pasajero que tiene una enfermedad contagiosa como la tuberculosis. Esto es una evaluación injusta", agregó.
En 2016, Abdi, que es ciego de nacimiento, presionó al entonces ministro de Inmigración, Peter Dutton, para que interviniera, después de gastar miles de dólares en largas y complejas apelaciones. Finalmente se le concedió la residencia permanente gracias a la discreción ministerial, pero el daño ya estaba hecho.
"No se puede cuantificar el dolor y el impacto psicológico que tuvo en mí y en mi familia", dijo.
Abdi es uno de los tantos inmigrantes con discapacidad a los que se les ha rechazado su solicitud de visado, a pesar de que una investigación parlamentaria de 2010 determinó que el requisito era discriminatorio para las personas con discapacidad y que necesitaban una reforma urgente.
Según los grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes, se calcula que anualmente hasta 15 familias corren el riesgo de ser deportadas debido al requisito de inmigración que pone barreras a las personas que viven con discapacidades y a aquellos que necesitan atención médica.
Recientemente los medios de comunicación australianos han denunciado una serie de casos de familias con niños con discapacidad a quienes se les ha dicho que tenían que irse. Uno de estos casos fue el de Kinley Wangyel Wangchuk, un estudiante de 18 años con problemas de audición.
Dwayne Cranfield, director ejecutivo de la National Ethnic Disability Alliance (NEDA), dijo a SBS News que no son incidentes aislados.
"Yo diría, en promedio, que probablemente vemos entre 10 y 15 de estos casos al año... pero hay muchos, muchos más que no llegan a nosotros", dijo Cranfield.
"Estamos hablando de personas que generalmente están aisladas, hay problemas lingüísticos, hay problemas culturales... Es difícil para la gente de CALD [cultural y lingüísticamente diversa] en este grupo", precisó.
The Wangchuck family was facing deportation to Bhutan due to their son Kinley's disability until the Immigration Minister intervened. Source: SBS
NEDA - el máximo organismo nacional para los australianos con discapacidades de CALD - dijo que han visto a personas con una amplia gama de condiciones afectadas, incluyendo aquellos con síndrome de Down, autismo y discapacidades físicas, tales como ceguera y sordera.
Según Cranfield, NEDA presentó una solicitud amparándose en el derecho de la libertad de información al gobierno en 2016 para pedir las estadísticas sobre el número de personas a las que se les había pedido que se marcharan en virtud del reglamento migratorio. El gobierno respondió que no se tienen datos de los números.
"Si has venido aquí en busca de una vida mejor y estás trabajando aquí, y de repente te encuentras en una situación en la que tienes un hijo con una discapacidad, una enfermedad o algo que le ocurre a tu pareja, y entonces el oficial médico del gobierno te dice:' Lo siento, es hora de que te vayas', ¿cómo puedes luchar contra eso si no tienes poder? Enfatizó Cranfield.
La familia Wangchuck se enfrentaba a la deportación a Bután debido a la discapacidad de su hijo Kinley hasta que el ministro de Inmigración intervino a principios de este mes.
Costo vs. beneficio
Las leyes de migración están exentas de la Ley de Discriminación por Discapacidad de 1992, que prohíbe la "discriminación contra las personas por motivos de discapacidad".
"Esencialmente se reduce a un algoritmo que analiza el costo y el beneficio de las personas que vienen a Australia. Si se considera que son demasiado costosos para la comunidad australiana, se les niega la residencia", dijo el Cranfield.
"No vemos las habilidades, fortalezas y belleza que las personas con discapacidades traen a nuestra comunidad, las vemos como una carga".
Pero Cranfield dijo que no es sólo un asunto del gobierno actual.
En 2001, un refugiado pakistaní -al que se le había concedido el estatuto de refugiado en Australia- se prendió fuego frente al Parlamento después de que se rechazara la tercera solicitud para su esposa y sus tres hijos pequeños a Australia debido a que una de sus hijas tenía parálisis cerebral.
SBS News tiene conocimiento de por lo menos tres casos más de familias que actualmente luchan contra la deportación bajo este requisito. Esto incluye a una familia de Australia Occidental que, según informa el ABC, cree que su hijo de dos años de edad -que sufre de hemofilia grave- se enfrentará a una muerte prematura si se ve obligado a regresar a las Maldivas.
"Lo que estamos diciendo es que su vida no vale 40.000 dólares y me parece obsceno... que lo hagamos en 2019", dijo Cranfield.
Dr Siyat Abdi and his wife Salatha Dekow Issack have been told their visa application has been rejected and they must leave the country. Source: Supplied
Abdi, que es oficial en el Centro de Defensa de la Discapacidad Étnica en Australia Occidental y anteriormente dio conferencias a estudiantes en Australia Meridional, cree que el requisito es un "castigo para una persona con discapacidad" y su familia.
"No tiene en cuenta las contribuciones que se pueden hacer a la sociedad. Y esa es la parte más indignante".
Una vez que un solicitante ha sido rechazado, la intervención ministerial es la última oportunidad de alivio del solicitante y sólo es posible después de un largo proceso de apelación.
"En la Ley de Migración existen facultades de intervención ministerial. Estas facultades permiten al ministro intervenir en casos que presentan circunstancias únicas y excepcionales y en los que se considera de interés público hacerlo", dijo la semana pasada el Departamento de Asuntos Internos a SBS News.
Pero aunque a menudo se recurre a la intervención ministerial, como en el caso de Abdi y Wangchuk, el informe de 2010 constató que se estaba abusando de ella debido a la regulación restrictiva que no permite la discrecionalidad durante las primeras fases de la aplicación.
Los expertos también creen que el mecanismo beneficia injustamente a los posibles migrantes bien conectados.
Mary Crock, profesora de derecho público en la Universidad de Sídney, abogada de Inmigración y una de las principales expertas australianas en la materia, dijo a SBS News que el sistema puede favorecer a las personas que pueden encontrar una forma de presionar a los políticos para que relajen las reglas.
"No debería ser así", dijo.
"No deberías conocer a alguien prominente para obtener un resultado justo."
Cranfield dijo que los representantes de NEDA se dirigirán a Ginebra a finales de este año para discutir estas cuestiones con las Naciones Unidas.
"Es una violación de los derechos humanos, es una violación de la CDPD[Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad], es discriminatoria. Que se puede discriminar a una persona por su discapacidad", dijo.
Un portavoz de la campaña de la Coalición dijo a SBS News que "el marco actual de migración y salud es pragmático y equilibra la compasión y la contención de costes al imponer un requisito de salud estándar para los solicitantes de visado, al tiempo que pone a disposición exenciones sanitarias para algunos visados y, en su caso, la intervención ministerial".
¿Se ha visto afectado por los requisitos sanitarios de la Ley de migración? Póngase en contacto en maani.truu@sbs.com.au o en @maanitruu en Twitter.
Si tienes problemas mentales, ponte en contacto con Lifeline crisis support and suicide prevention en el 13 11 14 o visita lifeline.org.au.
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