El Partido Laborista sigue liderando las encuestas, pero esta vez con un margen más estrecho. Y es que la coalición Liberal-Nacional está más fuerte en las encuestas, tras los fuertes mensajes contra la inmigración ilegal que emitió en el marco del debate sobre la ley que facilita las evacuaciones de solicitantes de asilo y refugiados por razones médicas.
La encuesta de la consultora Ipsos realizada para los diarios Sydney Morning Herald y The Age muestran que la oposición tiene un 51 por ciento de los apoyos electorales de cara a los comicios que deben celebrarse antes de mayo, mientras que la coalición gobernante obtiene un 49 por ciento de los apoyos.
Se trata del resultado más estrecho en los últimos seis meses.
El voto primario de los laboristas ha caído de 37 a 33 por ciento en los dos últimos meses, mientras que los de la coalición aumentaron de 36 a 38, según la encuesta entre 1.200 personas.
Este retroceso de los laboristas, que en diciembre pasado lideraban las encuestas por 54 a 46 por ciento, se vincula a los mensajes del primer ministro, Scott Morrison, sobre la necesidad de reforzar las fronteras tras la histórica derrota en el Parlamento australiano por la aprobación del Medevac.
Esta ley permite la transferencia de solicitantes de asilo y refugiados de las islas Manus y Nauru por razones médicas.
Morrison acusó a los laboristas de “desmantelar” el sistema de detención de solicitantes de asilo que volvió a implementar Australia desde 2012 en terceros países y de querer traer “criminales” al país.
Por su lado, Shorten asegura que la ley es una medida humanitaria que no supone un riesgo a la seguridad nacional.
“No somos criminales, somos refugiados”, había dicho a los medios el refugiado sudanés y galardonado con un importante premio de derechos humanos por ser la “voz” de lo que sucede en Manus, Absul Aziz Muhamat, al recordar que la retórica del gobierno ha pasado de llamarlos “personas que se saltan la cola a pederastas, violadores y asesinos” sin considerar que ellos huyen de conflictos.
La mayoría de las personas que vinieron en embarcaciones ilegales provienen de zonas de conflicto y han sido reconocidas como refugiados, pero siguen detenidos en Nauru y Manus, dos zonas remotas del Pacífico Sur, en donde viven en condiciones precarias e inhumanas como han denunciado diversas organizaciones internacionales.
Desde 2013, bajo el gobierno del laborista Kevin Rudd se prohíbe la entrada de las personas que han intentado llegar a Australia por la vía marítima, incluso si éstas han sido reconocidas como refugiadas, por lo que la única opción es que sean acogidos por un tercer país.
El gobierno australiano, tanto en manos de laboristas, ha intentado realizar convenios con diversos países como Malasia y Camboya, pero han fracasado, mientras rechaza una que le hizo Nueva Zelanda por considerar que abriría la puerta para que los “sin papeles” se animen a contactar a traficantes de personas para viajar a Australia.
En 2016 suscribió un convenio con Estados Unidos para la acogida re refugiados, pero el trámite es lento y aún quedan al menos 600 personas en las islas Manus, de los cuales muchos de ellos provienen de países sobre los que pesan un veto de entrada.
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