Tras 18 años de campaña intensa en Australia, el impuesto del 10 por ciento o GST, por sus silgas en inglés, dejará de gravar a los productos sanitarios femeninos, tras un acuerdo entre los estados y territorios del país.
Los jefes del Tesoro de los estados y territorios, junto al de Australia, Josh Frydenberg, acordaron hoy exceptuar del pago del impuesto a los bienes y servicios (GST, siglas en inglés) a los productos sanitarios femeninos, que incluyen a los tampones y las compresas o toallas higiénicas, entre otros.
“Millones de mujeres australianas se beneficiarán”, dijo Kelly O'Dwyer, ministra australiana de la Mujer, en declaraciones al canal 7 de la televisión local.
El GST era considerado injusto dado que productos como los condones y el Viagra no eran afectados por este gravamen, lo que para muchas personas era considerado como una medida sexista.
Los principales partidos de Australia cambiaron recientemente sus políticas para excluir del impuesto a los productos sanitarios.
Los productos que serán exceptuados del pago de impuesto serán los tampones, las compresas o toallas higiénicas, las compresas o toallas de maternidad, los calzones a prueba de goteos, aunque se espera aún que la lista sea sometida a consulta pública.
La medida costará a los estados y territorios unos 30 millones de dólares anuales, pero la Coalición considera que éste monto será cubierto por otros productos gravados por el GST.
Pero el contencioso de los tampones parece ser menor a la propuesta de la administración del primer ministro, Scott Morrison, de una distribución más amplia del GST, en una polémica en la que el estado de Victoria, uno de los más ricos del país, acusa al gobierno federal de dar una solución política para tapar otros problemas mayores.
El plan de la Coalición gobernante implica que cada estado retenga al menos el 75 por ciento del dinero del GST que recolecta.
Bajo el actual sistema, el dinero recaudado ayuda más a los estados más pobres para asegurar que los servicios del gobierno estén distribuidos más equitativamente en todo el país.
En el pico del auge minero, la participación de Australia Occidental cayó a 35 por ciento, por lo que el gobierno federal propone inyectar 9.000 millones de dólares adicionales en la próxima década para asegurar que ninguna jurisdicción caiga por debajo del umbral.
Los estados del este han expresado su preocupación porque consideran que su situación empeoraría bajo el acuerdo.
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