El Parlamento de Australia dio luz verde a ley que extiende a cuatro años el tiempo de espera para que un inmigrante pueda recibir las ayudas del desempleo, desatando las críticas del Partido Verde contra los laboristas por apoyar el plan del gobierno.
En virtud de la ley, los inmigrantes deberán esperar cuatro, en lugar de tres, para poder solicitar las ayudas de Newstart, o la ayuda por desempleo que se otorga, con requisitos, a las personas de entre 22 y 65 años y que esté buscando un empleo. El monto oscila entre los 496,70 a 768,50 por quincena, según las condiciones familiares del solicitante de las subvenciones.
“Esta ley crea una subclase de inmigrantes en nuestra comunidad y como resultado se tendrán ciudadanos de segunda clase que deberán esperar más tiempo para recibir la ayuda que necesitan”, dijo la senadora del Partido Verde Rachel Siewert la víspera.
La senadora Siewert recalcó que el Partido Laborista tenía el apoyo suficiente de los legisladores independientes para evitar que prosperara la ley, pero en lugar de ello, tuvo en mente los 1.300 millones de dólares que puede ahorrar en el presupuesto si es elegido en los próximos comicios.
El Gobierno inicialmente buscaba que todos los pagos de la seguridad social tuviesen cuatro años para recibir estas ayudas, pero acordó reducir los tiempos de espera en algunos de ellos tras negociaciones con la oposición.
Así, los tiempos de espera para los pagos por cuidado de terceros, el de la baja maternal, y el de la baja por adopción serán extendidos a dos años.
Además la asignación para los cuidadores (distinto al pago de cuidadores) y para el beneficio familiar tributario A tendrán un tiempo de espera de un año.
Los tiempos de espera no se aplicará a los inmigrantes que son padres solteros o a las familias con un solo ingreso.
El senador independiente Fraser Anning buscaba eliminar la excepción para los refugiados argumentando que atraería “a una clase principal de buscadores de subsidios a nuestras costas”.
Pero el ministro del gobierno Zed Seselja dijo que la propuesta de Annings removería importantes mecanismos de protección para los refugiados vulnerables y sus familias.
“Es una política de larga data que los refugiados y sus familias estén exceptuados de todos los períodos de espera para los pagos de la seguridad social”, remarcó el senador Seselja.
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