El equipo especial para los Trabajadores Migrantes entregó el jueves pasado al Ejecutivo australiano un total de 22 recomendaciones, las que fueron aceptadas en su totalidad. Una de las recomendaciones allana el camino para que los empleadores puedan ir a prisión por explotar a sus empleados y aumenta el poder de la Defensoría de Empleo Justo (Fair Work Ombudsman).
Entre las reformas sugeridas para luchar contra la explotación laboral se cuenta la ampliación de las sanciones penales para las violaciones graves de la Ley de Empleo Justo y la creación de un plan nacional de contratación laboral que se centre en los operadores del sector de la seguridad, la limpieza, la horticultura y el procesamiento de carnes.
“Hemos recomendado que haya mayores sanciones en términos monetarios: alrededor de un millón en lugar de cantidades mucho más modestas ahora. En casos graves de mala conducta, penas de cárcel reales para el empleador, y luego nos gustaría ver fortalecida la Ley de Empleo Justo”, dijo el presidente del grupo especial para los Trabajadores Migrantes, Allan Fels.
Además “que la Defensoría de Empleo Justo, que es ejecutiva, sea más fuerte, más inteligente y mejor al darle algunos poderes adicionales: (por ejemplo) cómo actuar cuando hay un pago incompleto sistemático en general”, precisó Explotación de los estudiantes internacionales”, añadió.
En el año fiscal 2017-18, la Defensoría dio inicio a 35 litigios y logró que se paguen sanciones equivalentes a 7,2 millones de dólares, la mayor parte de las arcas de las empresas, como parte de su campaña contra la explotación laboral.
El Grupo especial para los trabajadores migrantes se estableció en octubre de 2016 después de que los informes de los medios de comunicación expusieran la explotación generalizada y sistemática de trabajadores migrantes en todo el país por parte de cadenas de negocios como los 7-Eleven y pizzerías Dominos.
Los informes de la ABC y Fairfax revelaron que algunos trabajadores recibían hasta 47 centavos la hora.
Los trabajadores inmigrantes
El presidente del grupo especial para los Trabajadores Migrantes, Allan Fels, dijo que una proporción "muy grande" de los estudiantes internacionales está siendo mal pagada.
El informe calcula que unos 880,000 migrantes reciben un pago menor al que les corresponde. De ese total, entre 650 y 700 mil trabajadores en Australia son estudiantes internacionales y muchileros. Los datos oficiales del 30 de junio pasado indican que más de 878,912 inmigrantes con visados temporales se encontraban en Australia.
Fels dice que el pago insuficiente es solo el comienzo, ya que muchos trabajadores migrantes se ven obligados a trabajar en turnos dobles sin pago adicional, a cambio de los pagos por el patrocinio del visado y a vivir en condiciones inaceptables mientras pagan un precio muy alto por el privilegio.
Dice que espera que las recomendaciones envíen un mensaje firme a los empleadores de todo el país: no se aceptará la explotación de los trabajadores.
"El mensaje (para los empleadores) es que están en riesgo, mientras que en este momento no se sienten en riesgo porque es poco probable que los atrapen, pero si los atrapan, en este momento se enfrentan a multas menores, que consideran como una especie de solo un costo de hacer negocios, nada de lo que preocuparse. Las penas de cárcel los harían preocuparse, al igual que las sanciones más elevadas: alrededor de un millón (dólares) por ofensa", indicó Fels.
Eso marcaría un aumento significativo en las sanciones por infracción, ya que las multas actualmente oscilan entre los $3780 y los $378,000, dependiendo de la gravedad de la infracción y el tamaño del negocio.
Joanna Howe, experta en derecho laboral y migratorio, recalcó que si bien las 22 recomendaciones son un buen comienzo, el informe, según su opinión, no atacan el meollo del problema.
“La realidad es que tenemos un sistema de trabajadores migrantes temporales en Australia que se rompe porque hay una gran cantidad de trabajo que se realiza por la puerta trasera de los visados. (Muchos inmigrantes) han venido a Australia con un propósito que no es el trabajo. Los visados son para hacer turismo, como es el visado para los mochileros, o es para estudiar, que es el visado para los estudiantes internacionales, y ese es el propósito central del visado. Y se les otorgan derechos laborales, lo que es una puerta de entrada al mercado laboral, que es (visto como) un propósito secundario. Y por esa puerta trasera de los visados, se da una menor regulación”, opinó la experta de Adelaida.
Y mientras Howe felicita al informe del grupo especial por ser el primero en adoptar un enfoque gubernamental integral sobre el tema, la experta considera que se necesita una revisión de todo el sistema de trabajadores migrantes temporales para terminar realmente con la explotación.
"La principal causa de vulnerabilidad para un trabajador migrante temporal es el hecho de que son temporales. Si realmente queremos abordar el desequilibrio de poder que se produce en el lugar de trabajo, ofreceríamos visados de trabajo para los migrantes menos temporales”, comentó.
“También identificaríamos las áreas en La economía donde hay verdaderas necesidades laborales, y comenzaríamos a presentar visados permanentes. Así, por ejemplo, en horticultura donde, debido a su geografía, la estacionalidad del trabajo, la naturaleza físicamente ardua de ese trabajo, sabemos que hay ciudades regionales alrededor de Australia (las he visitado) que reclaman trabajadores migrantes. No tenemos una solución de visados permanente para esas áreas", señaló.
Pero el presidente del Consejo de Estudiantes Internacionales de Australia, Bijay Sapkota manifestó que las grandes cadenas no son los únicos culpables.
"Realizamos una encuesta el año pasado. Hubo muchos casos en los que la explotación de las personas que pertenecen a una misma cultura ha sido un tema relevante. Por ejemplo, los estudiantes procedentes de China están siendo explotados por empleadores chinos o los estudiantes procedentes de Nepal están siendo explotados por empleadores nepaleses”, denunció.
Sapkota expresó que acoge con satisfacción la recomendación de que a los estudiantes internacionales se les debe permitir informar sobre los problemas del lugar de trabajo a sus universidades en lugar de al Defensor de Empleo Justo, que está vinculado al gobierno, lo que produce ansiedad por la situación migratoria.
La comunidad empresarial de Australia ha acogido en gran medida las recomendaciones, aunque no existe un acuerdo generalizado sobre la idea de sanciones penales.
"El cumplimiento salarial no debe ser negociable en general. Dado que el 33 por ciento de las pequeñas empresas australianas son propiedad de migrantes, muchos de los cuales no hablan el inglés como su primer idioma, es importante que las recomendaciones del informe sobre educación e información tengan un fuerte seguimiento ", dijo la directora ejecutiva del Consejo de Franquicias de Australia, Mary Aldred.
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