El Departamento del Tesoro anunció que todos los activos de Nicolás Maduro sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos "están congelados" y que se considerarán sanciones adicionales, incluso contra quienes participen en la Asamblea Nacional Constituyente elegida el domingo.
Bajo las sanciones, las firmas estadounidenses y los individuos quedan prohibidos de hacer negocios con Nicolás Maduro, de quien Estados Unidos decía que se unía al exclusivo club que incluye a los líderes de Zimbabue, Robert Mugabe, Siria, Bashar al Asad y Kim Jong Un, de Corea del Norte.
La semana pasada, el gobierno de Trump sancionó a 13 funcionarios y militares cercanos a Maduro, entre ellos a Tibisay Lucena, presidenta del poder electoral, a quienes acusa de quebrar la democracia, violar derechos humanos o por corrupción.
Esas sanciones son las terceras anunciadas contra funcionarios o exfuncionarios venezolanos, luego de las emitidas en febrero y mayo.
El Presidente Maduro continuó enumerando razones, se me sanciona porque no obedezco órdenes de gobiernos extranjeros, porque soy capaz de decir las verdades de la persecución de los pueblos mexicanos y latinoamericanos por parte de Donald Trump, por eso se me sanciona.
Señaló que estas decisiones unilaterales forman parte de la expresión de impotencia, desesperación y de odio, Él da órdenes que deben ser obedecidas por sus súbditos en sus tierras imperiales de América Latina y el Caribe. Ellos ven a América Latina como un perrito echado que mueve la cola de un lado a otro y dicen que sí.
Aunque hasta ahora, Washington ha evitado las sanciones generalizadas y las ha concentrado en figuras prominentes, las autoridades estadounidenses insisten en que siguen considerando medidas adicionales.
Estados Unidos es el principal comprador de crudo venezolano, con importaciones de 800.000 barriles diarios sobre una producción de casi dos millones.
Una sanción a los intercambios petroleros, puede generar, según algunos analistas, un grave impacto a una economía que ya atraviesa una severa crisis, con una prolongada escasez de medicamentos y alimentos, y un cuadro macroeconómico para este año de una inflación que podría llegar a 720% y una caída del PIB de 12%, según el FMI.
Según Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano, sancionar al gobierno venezolano "solo exacerbaría la grave crisis humanitaria y podría provocar un aumento de los precios de petróleo".
