Una propuesta legislativa podría derivar en la criminalización del periodismo al contemplar sanciones penales contra periodistas y “whistleblowers” de hasta unos 20 años de prisión.
Escucha la conversación en el podcast (arriba), con el académico y periodista Antonio Castillo.
La reforma referida a la seguridad nacional incrementaría las sanciones contra cualquier persona que comunica o gestiona información que potencialmente “cause daño a los intereses australianos” en los casos en que ésta se obtenga sin autorización a través de un funcionario.
Este proyecto, que pretende contrarrestar la influencia de países como Rusia y China, contiene enmiendas a la ley de discreción que abren la puerta a la aplicación de condenas penales contra periodistas y organizaciones como WikiLeaks por incluir información que perjudique a las relaciones internacionales o las relaciones entre el Gobierno federal y estatal.
Si bien el proyecto contempla excepciones para los periodistas que realizan reportajes de forma justa y equilibrada en favor del interés público, éstas son demasiado amplias y sujetas a diversas interpretaciones, según las organizaciones mediáticas.
El Dr. Antonio Castillo, periodista y académico de la universidad RMIT de Victoria, dice que Australia ya tiene leyes altamente restrictivas respecto al flujo de información y que lo que se busca es “silenciar” a los periodistas, lo cual va en detrimento de la democracia en cualquier país. “Un periodismo silenciado es una sociedad silenciada”, dice el académico.
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