A cerca de un tercio de trabajadores, los empleadores no les han pagado la contribución obligatoria a su super.
Cerca de un tercio de los trabajadores australianos están siendo estafados por sus empleadores que, o no están pagando lo que deben pagar por su superannuation o contribución al fondo de retiro, o se están retrasando para hacerlo.
Según una investigación de Industry Super Australia y Cbus, los empleadores que están incumpliendo con los pagos que deben hacer, se están echando al bolsillo $3.600 millones al año.
Eso con dinero que corresponde a casi 2 millones y medio de trabajadores, en compañías medianas.
Bajo el sistema obligatorio de fondos de jubilación, los empleadores deben contribuir con una tasa mínima del 9,5 % del salario de un trabajador mayor de 18 años y que gane más de $450 al mes.
Sin embargo, el estudio, que usó datos de la Oficina de Impuestos de Australia ATO y de la Oficina de Estadísticas, indica que a un trabajador promedio se le dejó de contribuir en su cuenta casi $1.500 que corresponden a cuatro meses de superannuation, en el año 2013 a 2014.
Lo peor de todo, dice David Whiteley, de Industry Super Australia, es que a pesar de la evidencia del comportamiento cuestionable del empleador, no se hizo nada para evitarlo.
El agrega que Mientras el acceso a la pensión cada vez se dificulta más y la posibilidad de compra de una vivienda va en declive, aquellas personas a las que se les está negando su contribución en su fondo de jubilación, se les reduce la oportunidad de tener un nivel de vida decente cuando se retiren.
Es más, el ex premier de Victoria, Steve Bracks, que ahora es el director ejecutivo de Cbus, dice que no es inusual escuchar que algunos trabajadores que han presentado una queja ante la Oficina de Impuestos, se queden esperando una respuesta. Y que la inacción es tal, que un trabajador les dijo que la respuesta que recibió fue que recobrar las contribuciones no pagadas, podría tomar entre 10 a 20 años.
Los trabajadores que están en mayor riesgo de que esto esté sucediendo son los de las industrias de la hostelería y turismo, la construcción y la limpieza. Y los más vulnerables son los menores de 30 años.
