Se está especulando sobre la posibilidad de que se pueda introducir un nuevo impuesto en los vehículos más populares de Australia.Fairfax Media ha tenido acceso a un informe del Gobierno de Turnbull que describe las sanciones por emisiones de carbono que se aplicarán a los distribuidores de automóviles que no cumplan con el nuevo objetivo de eficiencia energética para 2025.
Sin embargo, el primer ministro, Malcolm Turnbull, ha dicho que no ha tomado ninguna decisión sobre esto y que no tiene conocimiento de la existencia de este informe.
"Bueno, yo no he visto el informe, y ciertamente no se han tomado decisiones en este sentido en absoluto, pero no he visto el informe".
Según fuentes de la industria del automóvil, este nuevo impuesto podría elevar el precio de un coche nuevo hasta en 5.000 dólares.
Michael Bradley, el director ejecutivo de la Asociación Australiana de Automóviles, ha dicho que si el gobierno avanza con esta propuesta, significaría aplicar uno de los estándares de eficiencia más extremos del mundo y llevaría a que los precios de los automóviles suban y los automovilistas tengan menos coches entre los que elegir.
A la Asociación Australiana de Automóviles le preocupa también que una política que impulsa un aumento de precios tan dramático tendría el resultado perverso de desalentar a la gente conducir coches nuevos o comprar coches nuevos, por lo que los conductores se quedarán estancados usando coches más viejos, y en peores condiciones y tendrá el efecto opuesto de mantener una flota de vehículos más contaminantes en nuestras carreteras.
Bradley ha dicho también que esta transición a coches más limpios se puede hacer de una manera que permita al gobierno cumplir con sus objetivos y que no imponga una carga de costo para las familias y los negocios australianos.
El ministro de Energía, Josh Frydenberg, insiste por su parte en el argumento del gobierno y ha dicho a la ABC que esta información es errónea y que no se ha tomado aún una decisión sobre las normas de eficiencia de combustibles desde que se inició la consulta sobre este tema en octubre de 2015.
"Esta historia es un ataque. El gobierno no tiene planes de introducir un impuesto sobre el carbono en los coches de las familias. Es casi tan probable como que regrese Elvis Presley. En lo que estamos centrados es en cómo reducir los costos de combustible para las familias con vehículos".
Un artículo publicado por la catedrática de la universidad de Griffit, Anna Mortimore el pasado Octubre en la revista The Conversation, afirma que Australia se está quedando por detrás de otros países en la reducción de la contaminación de los coches.
Por darles un ejemplo de lo que ocurre en el exterior: el Parlamento Europeo introdujo normas de emisión de CO₂ de 130 gramos de CO₂ por km en 2015 y una meta a largo plazo de reducirlo a 95 g de CO₂ por km para 2021.
Para el año 2013, el 80% de las ventas de coches utilitarios ya cumplían las normas de CO₂ y para ayudar con esto, se adoptaron medidas económicas complementarias para influir en los consumidores a que eligieran vehículos de baja emisión de CO₂.
En Australia, sin embargo, no ha habido hasta ahora ninguna norma para regular esto. Lo que sí ha ocurrido es que en 2005, nuestra industria automovilística adoptó objetivos voluntarios de 222 g de CO₂ por km en 2010, muy por encima de los estándares europeos de los 130 gramos. Esto no se ajustaba al estándar internacional.
Con estos estándares voluntarios, la industria automovilística australiana no recibió ninguna presión del gobierno para mejorar la eficiencia del combustible de su flota, por lo que el objetivo de reducir las emisiones a 222 gramos para 2010 no alcanzó el objetivo. Se quedó corta en un 10%.
Según explica la profesora Anna Mortimer, para poder competir globalmente, la industria automovilística australiana tiene que decidir si adoptar una tecnología más limpia para cumplir con las normas de sus importadores o abandonar el mercado de exportación. Por desgracia para los trabajadores, Ford decidió cerrar sus operaciones el 7 de octubre, y GM Holden y Toyota cerrarán a finales de 2017.
Por otro lado, este viernes se va a celebrar una importante reunión de ministros de energía estatales y federales y en este marco, el gobierno de Turnbull todavía está tratando de decidir si introducir o no unos objetivos específicos de energía limpia.
En este contexto les podemos contar que el jefe del operador del mercado energético ha instado al gobierno a respaldar el llamado Informe Finkel - un estudio que presentó el mes pasado el líder de la comunidad científica en Australia, Alan Finkel, y que contiene 50 recomendaciones sobre política energética.
Estas recomendaciones desarrollan un nuevo "modelo" para el mercado eléctrico nacional que:Por un lado, cumple con los compromisos de reducción de emisiones de carbono de Australia, lo que significa reducirlas entre un 26 y un 28 por ciento para el año 2030.Por otro lado, este modelo presentado, facilita una electricidad más asequible, y por último garantiza un alto nivel de seguridad y fiabilidad del sistema.Este modelo del científico Alan Finkel, muy resumido en estos tres principios, fue presentado al gobierno, y el ministro federal de energía Josh Frydenberg, ha explicado a la A-B-C que el ejecutivo está de acuerdo con al menos 49 de las 50 recomendaciones.
Entre las recomendaciones aceptadas está un plan para mejorar las baterías de almacenamiento de electricidad, y un nuevo requisito por el que las centrales térmicas de carbón deben dar tres años de aviso antes de cerrar.
Sin embargo, el grupo de la coalición no ha decidido aún si respalda o no la sugerencia más controvertida del informe: el confirmar un objetivo de energía limpia que obligaría a las compañías eléctricas obtener un porcentaje de su electricidad de las energías renovables. Así lo explica el ministro de energía:
"Estoy seguro de que los estados quieren discutir esto y yo estoy feliz de hablar con ellos al respecto, pero la situación del gobierno sobre un objetivo de energía limpia es que no hemos finalizado aún nuestras discusiones internas. Hay un número de cuestiones que se han planteado en torno a los modelos y otros temas similares, y seguimos consultando a los principales interesados, por lo que es una decisión muy importante seguir el camino de un nuevo mecanismo. El mismo Dr. Finkel dijo que el nuevo modelo debería entrar en vigor en el 2020, por lo que no tenemos que apresurarnos".
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