El Gobierno australiano introdujo nuevas normas en diciembre de 2015 para multar e incluso encarcelar a los extranjeros que hayan violado la ley, que solo les permite comprar nuevas viviendas, recién salidas al mercado inmobiliario. Los precios en el sector inmobiliario se han disparado en los últimos años, particularmente en Sídney y Melbourne, donde el acceso a la vivienda se ha convertido en un tema altamente controvertido. Las preocupaciones giran en torno a que las compras efectuadas por extranjeros, especialmente de China, han contribuido a un incremento en los precios, dejando a los propios australianos fuera del mercado.
El ministro de Finanzas, Scott Morrison, afirmó que se habían efectuado 61 ventas forzadas por valor, en total, de 107 millones de dólares australianos, mientras que otras 36 personas están siendo investigadas por adquisiciones dudosas.
"El gobierno está decidido a reforzar nuestras normas para que los extranjeros que poseen ilegalmente propiedades australianas sean identificados y sus propiedades ilegales, cedidas", afirmó.
Los compradores de origen chino dominaban en la lista con 25 ventas forzadas por la ley. Otros procedían de países como Reino Unido, Malasia e Indonesia. Según la legislación, los extranjeros que compren ilegalmente propiedades en Australia podrían enfrentar 3 años de cárcel o multas de 135.000 dólares australianos para particulares y de 675.000 dólares australianos para empresas.
