"Esta decisión representa un significativo paso adelante en la lucha contra la impunidad de las graves violaciones de los derechos humanos cometidas en el pasado", señaló la Comisión en un comunicado.
En una sentencia emitida el 22 de marzo, la Corte Suprema de Chile dictó condenas de 15 años de cárcel contra Álvaro Corbalán y Hugo Salas, dos de los máximos jerarcas de la temida Central Nacional de Inteligencia (CNI), por el secuestro de cinco opositores en 1987, los últimos desaparecidos del cruento régimen militar.
Los otros agentes recibieron condenas de hasta 10 años.
Las víctimas --Julián Peña, Alejandro Pinochet, Manuel Sepúlveda, Gonzalo Fuenzalida y Julio Muñoz--, que integraban el opositor Frente Patriótico Manuel Rodríguez, "fueron secuestradas por agentes del Estado en represalia por el secuestro del coronel de Ejército Carlos Carreño" y sus restos arrojados al mar, según el fallo.
"Esta decisión es un paso hacia la justicia por graves crímenes del pasado, y también es una decisión que impacta positivamente en el futuro de Chile y de la región, dijo el comisionado Paulo Vannuchi, relator para el país austral.
"Este avance en la justicia es un acto de reparación para las víctimas, y es también una forma de prevenir que este tipo de crímenes horrendos vuelvan a ocurrir", agregó.
La justicia chilena mantenía abiertas, a diciembre de 2016, casi 1.200 causas penales por crímenes contra los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet (1973-1990), un cruento régimen que dejó casi 40.000 torturados y unos 3.200 muertos y desaparecidos, según el informe anual de la Universidad Diego Portales.
