La posibilidad de legalizar los matrimonios entre personas del mismo sexo se someterá a una consulta popular que se efectuará a través del voto voluntario postal no vinculante, una iniciativa que será cuestionada en los tribunales por considerarse inconstitucional e ilegítima.
Un grupo de legisladores y activistas, entre ellos Andrew Wilkie, tienen previsto presentar una demanda legal contra la decisión del Gobierno de realizar una votación postal después de que el Senado australiano rechazara por segunda vez la posibilidad de que se celebre un plebiscito para decidir el destino de las bodas “igualitarias”.
Con solo 14 días para que los australianos puedan registrarse ante la Comisión Australiana Electoral para poder emitir su voto voluntario, el reconocido juez retirado Michael Kirby y miembro de la comunidad LGTB comentó que el voto postal es “completamente inaceptable” y lo hace sentir como ciudadano de segunda clase.
Kirby, quien está en una relación homosexual estable por 50 años, dijo que la consulta por correo no es científica y pidió al Gobierno australiano a abandonar sus planes.
Por su lado, el jefe de la oficina del Tesoro, Scott Morrison, comentó que el coste de la consulta postal de 122 millones de dólares es un dinero bien gastado, en respuesta a las críticas que aseguran que es un despilfarro del dinero público.
“Mantener las promesas es un dinero bien gastado”, dijo Morrison en alusión a la promesa electoral de consultar a la población sobre la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo.
En las filas de los laboristas, el legislador Mark Butler comentó que su formación política argumentará a favor de la legalización de las bodas homosexuales, aunque considera que es “una muy mala idea” el plebiscito postal.
