El Gobierno de coalición de izquierda de España había presentado las reformas a la legislación, con la oposición de grupos activistas contra el aborto y la Iglesia Católica, en mayo del año actual, con el objetivo de garantizar y ampliar el acceso al aborto y desestigmatizar la salud menstrual.
La nueva ley elimina el período obligatorio de "reflexión" de tres días para las mujeres que desean interrumpir su embarazo y elimina la necesidad de que jóvenes de 16 a 17 años obtengan el consentimiento de un progenitor para abortar.
Este requisito había sido establecido por el gobierno conservador del Partido Popular en 2015.
Los cambios incluyen permisos retribuidos para mujeres embarazadas a partir de la semana 39, asegura la distribución de productos menstruales gratuitos en instituciones públicas como colegios, cárceles o centros de salud, y califica los embarazos subrogados -ilegales en España- como una forma de violencia contra la mujer.
También por primera vez en un país europeo, el Gobierno de España ofrecerá permisos remunerados financiados por el Estado a las mujeres que sufran menstruaciones dolorosas.
