El Gobierno de Nauru, un estado insular del Pacífico, eliminó su sistema de apelaciones, a cargo de Australia desde la década de 1970, lo que prevendría que varios exlegisladores opositores implicados en una protesta en 2015 y los solicitantes de asilo agoten todas las instancias judiciales para argumentar sus casos, según la cadena local ABC.
El Gobierno de Nauru eliminó el tratado con Camberra que permitía que las apelaciones sean abordadas por el Tribunal Superior de Australia argumentando razones de asequibilidad, transparencia y su deseo de afirmar su soberanía, así como sus intenciones de establecer su propio Tribunal de Apelaciones, aunque su creación aún debe ser votada por su Parlamento.
La mayoría de las apelaciones a las decisiones del Tribunal Superior de Nauru, la máxima instancia judicial de ese país, estaban relacionadas a los casos de los solicitantes de asilo que están en la isla en virtud de un convenio con Australia para tramitar los pedidos de aquellos inmigrantes indocumentados que intentaron llegar a su territorio por la vía marítima.
“Cuando el Tribunal Superior (australiano) tiene un récord de revertir 8 de 11 decisiones adversas de los tribunales de Nauru contra los solicitantes de asilo, es importante que ellos tengan una instancia independiente en donde puedan apelar”, dijo a la cadena australiana ABC el abogado y activista George Newhouse.
La decisión, que no ha sido hecha pública, se habría adoptado el 12 de diciembre pasado, lo que implica que después del 13 de marzo ninguna apelación puede resolverse en Australia .
La ministra australiana de Exteriores, Julie Bishop, dijo a la ABC en un comunicado que “Australia apoya la soberanía de Nauru y su decisión de diciembre de 2017 de terminar el tratado antes del 50 aniversario de independencia”.
Por su lado, Peter Law, jurista australiano y exmagistrado residente de Nauru, cree que si bien el deseo de Nauru de crear su propio Tribunal de Apelaciones es elogiable, aunque “la historia de los últimos cuatro años sugieren que el Gobierno no tiene un entendimiento real del estado de derecho y la separación de poderes.
La decisión es “alarmante” y revela “un trasfondo político”, acotó Law a la ABC al aludir al caso de los exlegisladores de Nauru implicados en una protesta en 2015 referida, paradójicamente, a la independencia del Poder Judicial.
Los abogados australianos de estos legisladores se enteraron de los cambios en un encuentro casual con el fiscal general de Nauru, Jay Udit, en el vuelo de regreso el viernes pasado a Australia.
El abogado Christian Hearn, comentó a la ABC que sus clientes “están en estado de limbo” al enfatizar que “en esta etapa, a través de la acción del Ejecutivo en un caso altamente politizado, se les ha negado su derecho de apelar contra la decisión del Supremo”.
Asimismo el exministro de Justicia de Nauru y uno de los legisladores implicados en la protesta de 2015, Mathew Batsiua, dijo que es el Parlamento de Nauru el que tiene la potestad de gestionar los tratados con Australia, al acusar al Ejecutivo de atribuirse otras prerrogativas.
