Julian Assange compareció en persona por primera vez desde que fue detenido en la embajada de Ecuador ante un tribunal británico. Con su cabello largo y bien afeitado, el australiano de 48 años se hizo presente ante la jueza Vanessa Baraitser en una vista en la que su defensa pedía más tiempo para luchar contra el pedido de extradición a Estados Unidos para afrontar cargos de presunto espionaje en ese país.
Assange pareció contener las lágrimas y dijo “no puedo pensar adecuadamente”, relataba el diario británico The Independent, mientras que otros medios describieron que el hácker y periodista australiano pareció desorientado e incluso dio la impresión de tener dificultades para recordar su fecha de nacimiento.
Al final de la audiencia, Assange, recluido en una cárcel londinense de alta seguridad de Belmarsh, afirmó ante la juez Vanessa Baraitser que no había entendido lo que acababa de suceder.
“No entiendo como esto es justo. Esta superpotencia tuvo diez años para prepararse para este caso y yo no puedo acceder a mis escritos. Es muy difícil hacer algo desde donde estoy, pero esta gente (Estados Unidos) tiene recursos ilimitados”, reclamó Assange.
"Dicen que los periodistas y los informantes son enemigos del pueblo. Tienen ventajas injustas al tratar con documentos. Conocen sobre mi intimidad... Roban el ADN de mis hijos. Esto no es justo lo que está pasando aquí”, prosiguió Assange, padre de Daniel Assange y otros niños cuyas identidades se desconocen.
El portavoz de WikiLeaks Daniel Domscheit-Berg asegura que Assange tiene “múltiples” hijos, mientras que otra fuente dice que son al menos cuatro.
El fundador de WikiLeaks se encuentra aislado en prisión, sin acceso a documentos legales o a una computadora para poder participar en la defensa de su caso.
En la sala judicial, un grupo de simpatizantes, entre ellos el periodista australiano John Pilger, y el exalcalde de Londres Ken Livingston mostraron su apoyo, mientras en las calles una multitud pedía su puesta en libertad.
La demanda de Assange
El abogado de Assange, Mark Summers, acusó a Estados Unidos de haberse "inmiscuido en las conversaciones entre Assange y sus abogados en la embajada" de Ecuador, donde vivió refugiado siete años hasta que el 11 de abril fue detenido por la policía británica con la autorización de Quito.
El abogado también argumenta que "copiaron ilegalmente (el contenido) de sus teléfonos y ordenadores". Considera además que existe un lazo entre “el fortalecimiento de la investigación y la presidencia de Donald Trump”.
“Esto es parte de una guerra no declarada contra los informantes, que incluye a los periodistas de investigación y a los que publican”, precisó Summer.
Summers pidió más tiempo para reunir pruebas pero la juez se lo denegó y fijó para el 19 de diciembre una próxima vista, antes de la audiencia sobre la extradición prevista para febrero.
Una legisladora alemana Heike Hänsel hizo eco de las advertencias de Amnistía Internacional al alertar de un futuro incierto para los periodistas que publiquen “información verdadera” contraria a los intereses de Estados Unidos, reportó por su lado el diario británico The Guardian.
“Tanto el gobierno británico y la Unión Europea rechazaron esta persecución política extraterritorial”, señaló.
Por su lado, el editor en jefe de WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson, enfatizó que el caso debería ser desestimado inmediatamente por “las grotescas acciones de Estados Unidos” o darle más tiempo a la defensa de Assange para investigarlos hechos presuntamente ilegales.
“No solo es ilegal a la luz del tratado (de extradición), los Estados Unidos han realizado operativos ilegales contra Assange y sus abogados y hay por eso una investigación en España”, señaló el periodista de Islandia.
El presunto espionaje de una empresa española
En España, la justicia de este país investiga un empresario español que durante años espió a Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres en beneficio de Estados Unidos, de acuerdo a un documento judicial que se difundió la semana pasada tras levantarse el secreto de sumario.
El principal sospechoso es David Morales Guillén, gerente de la empresa española de seguridad Undercover Global, que según fuentes judiciales fue detenido el 17 de septiembre y luego puesto en libertad. La justicia lo investiga a él y a su sociedad por delitos contra la intimidad y contra el secreto de las comunicaciones abogado-cliente, así como por cohecho y blanqueo, según el auto.
El auto judicial describe el prolijo sistema de espionaje montado por la empresa española, que entre 2015 y mediados de 2018 tuvo el contrato del gobierno de Quito para garantizar la seguridad de la embajada en Londres.
Según el documento, que cita la denuncia presentada por los abogados de Assange, David Morales ordenó instalar cámaras capaces de grabar audios, y llenó la embajada de micrófonos en lugares como la base de un extintor o el baño de señoras, donde Assange "mantenía muchas de sus reuniones para garantizar la confidencialidad".
Las protestas para liberar a Assange
A las puertas del tribunal, unas decenas de personas, incluidos algunos "chalecos amarillos" procedentes de Francia, se manifestaron gritando "¡liberen a Julian Assange!" y con una pancarta que decía "No extraditen a Assange".
Condenado a 50 semanas de cárcel en el Reino Unido por haber infringido su libertad condicional al refugiarse en la embajada ecuatoriana en 2012 para no ser extraditado a Suecia, Assange es reclamado por Estados Unidos que lo acusa de espionaje tras la publicación en 2010 por WikiLeaks de 250.000 cables diplomáticos y 500.000 documentos confidenciales sobre las actividades militares en Irak y Afganistán.
Si es extraditado a Estados Unidos, podría ser condenado a hasta 175 años de cárcel.
