Australia puede ser la democracia más opaca del mundo, publicaba el pasado 5 de junio el diario The New York Times tras los allanamientos a las oficinas de la cadena ABC en Sídney y de una periodista de News Corp., tras la filtración de información que ponía en evidencia al gobierno. A raíz de estos registros los periodistas implicados pueden afrontar una condena a prisión, a pesar de que el fiscal general de Australia, Christian Porter, asegura que ha adoptado pasos para proteger a la prensa.
Australia no es ajena a una tendencia mundial, en las que encajan democracias como Estados Unidos y Filipinas, que buscan silenciar y evitar las filtraciones de la prensa. Pero el diario neoyorquino remarca que si bien el presidente Donald Trump ha llamado a los periodistas “enemigos del pueblo”, el país oceánico se destaca por ser el más opaco de todos.
En esa línea también se pronunció el director gerente de la ABC, David Anderson, quien alertó que Australia corre el riesgo de convertirse “en la democracia más secreta del mundo” e insistir que si bien “nadie está por encima de la ley, algo en nuestra democracia no funciona porque falla en proteger a las personas que actúan en favor del interés público”.
En protesta contra esta situación que atenta contra el derecho al público a ser informado, los medios de comunicación en Australia exigen que se deje a los periodistas hacer su trabajo y que no se castigue a a los informantes y a las fuentes consultadas que contribuyen a destapar los escándalos y los excesos detrás del poder.
El "Apagón informativo" simbólico del lunes
Por ello, en una medida sin precedentes, las principales organizaciones mediáticas hicieron un “apagón informativo” coordinado en las portadas de sus diarios y los portales de internet este lunes 22 de octubre para exigir reformas que permitan la libertad de prensa y un aumento de la transparencia.
Organizaciones como SBS, ABC, Nine, News Corp Australia y The Guardian consideran que las leyes que se han implementado en los últimos veinte años han mellado la capacidad de los medios de comunicación de actuar como el cuarto poder del Estado para fiscalizar al gobierno y a las figuras en el poder por sus actos.
Desde los atentados a las Torres gemelas en septiembre de 2001, en Australia se han aprobado más de 75 leyes nacionales en respuesta a las preocupaciones en torno a la seguridad nacional, un número que supera a cualquier país occidental.
La más reciente medida del gobierno de la coalición que dirige Scott Morrison fue la reciente aprobación de una ley de espionaje el año pasado que hizo que se aumenten las sanciones contra aquellos que compartan información clasificada, sea cual fuera, e incluyó los intereses económicos en los linderos ampliados de la definición de la seguridad nacional.
Australia, en donde las leyes de seguridad y otras medidas impiden informar a los periodistas, no existe un artículo en la Constitución que proteja la libertad de prensa ni de expresión, aunque la sección 70 del código criminal del país penaliza a los funcionarios públicos que compartan información sin “una autoridad o exclusa legal”.
A este panorama se suma una batería de leyes y medidas judiciales que impiden divulgar información durante un proceso, como fue el juicio por pederastia contra el cardenal George Pell este año.
En comparación con Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Nueva Zelanda, las leyes de inteligencia y seguridad nacional son “las más opresivas” de este conjunto, dijo a SBS News, Denis Muller del Centro de Periodismo Avanzado de la Universidad de Melbourne.
¿Cuáles son las demandas?
Las principales demandas de la prensa australiana se centran, según resume el diario The Guardian, en el derecho a luchar contra los pedidos del gobierno para que se realicen registros policiales contra los periodistas y las organizaciones mediáticas, antes de que sean emitidas.
Que los periodistas no sean condenados a prisión por informar en el marco de las leyes de seguridad que se han implementado en los últimos siete años.
Implementar leyes que protejan a los informantes o “gargantas profundas” del sector público.
Un nuevo sistema que limite la clasificación de documentos oficiales como secretos.
Reformas al régimen de libertad de expresión.
Reformas a las leyes contra la difamación.
¿Por qué hoy?
El apagón informativo coincide con la realización de una investigación gubernamental sobre la libertad de expresión. El viernes pasado los principales jefes de los medios australianos y algunos periodistas indicaron que las leyes de seguridad y de inteligencia impiden que los periodistas hagan su trabajo y con miedo a ser procesados a los informantes.
Esta acción sin precedentes fue coordinada por la coalición Australia's Right to Know, de la que SBS forma parte, para llamar la atención sobre lo que puede pasar en el futuro si “las leyes siguen erosionando la libertad de prensa para que el gobierno pueda esconder información al público”.
“Por primera vez, las organizaciones mediáticas líderes en Australia se han unido de esta forma para defender a los australianos de la creciente amenaza que se cierne sobre el derecho a conocer la información que impacta a la vida de todos”, indicó la coalición.
Una encuesta de la coalición Australia's Right to Know, formada en 2007, reveló que el 87 % de los australianos valoran la transparencia democrática, pero solamente un 37 % cree que vivimos en una. Asimismo de más de 1,000 personas encuestadas, un 35 % cree que el gobierno los mantiene informados de lo asuntos que deben conocer.
La respuesta de Morrison
El primer ministro, Scott Morrison, expresó desde Yakarta que existe una investigación parlamentaria conjunta en curso y que el gobierno ha emitido directrices para mejorar los procesos para actuar en casos de filtraciones a la prensa.
“Pero permítanme decir simplemente esto: mi Gobierno siempre creerá en la libertad de prensa. Es una parte importante de nuestras libertades como democracia liberal. También creo en el estado de derecho y que nadie está por encima de él, incluyéndome a mí o a cualquier otra persona, a cualquier periodista o a cualquier otra persona. Y el estado de derecho debe aplicarse de manera equitativa y justa en la protección de nuestras libertades más amplias. Y así que no creo que nadie esté, espero, buscando una licencia para ninguna de esas cosas, yo no lo haría ni debería hacerlo nadie más”.
