María (no es su nombre real), una operadora de viaje de un país latinoamericano, llegó a Australia el año pasado para visitar a su hermana y su nueva familia con un visado de turista. Las autoridades australianas le dieron una visa de turista con múltiples entradas de un año y como parte de los requisitos, también adquirió un billete de ida y vuelta a su país.
“Las nuevas visas que te dan (en Australia) son de un año con múltiples entradas y uno tiene que renovarlas cada 90 días hasta llegar al año...ya sea en Australia o también saliendo a un país vecino y al regresar se vuelve a reactivar la visa”, explicó a SBS Español, el agente migratorio Luis Cuadros, a cargo de ese caso.
Cuadros relató que a su llegada, María descubrió que su hermana, madre de dos pequeños, tenía problemas de pareja y se iba a separar. Así decidió extender su permiso de trabajo, que contó con la aprobación de su empleador en su país de origen, para quedarse un poco más en Australia y así ayudar moral y emocionalmente a su hermana.
Durante su estadía en Australia, María decidió viajar a Asia durante dos semanas en su segundo viaje fuera de Australia para reactivar su visa y aprovechar para hacer un poco de turismo. Pero al regresar al aeropuerto de Sídney, las autoridades migratorias la atajaron, le pidieron su teléfono celular y la obligaron a darles la contraseña. Las autoridades le dijeron que en los mensajes de texto se había detectado la palabra “trabajar” y por ello le cancelaban la visa.
Las autoridades “vieron la palabra 'trabajar' en el teléfono móvil...esa chica obviamente , a través de internet, sigue trabajando para la empresa del país de donde proviene. Pero (las autoridades) miraron tres veces la palabra trabajar y le dijeron vamos a cancelar tu visa porque tú estás trabajando en Australia”, relató Cuadros.
Después, María fue esposada y quedó incomunicada, según contó Cuadros a SBS Español.
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La pesadilla de un inmigrante
Una carta de María al Ministerio del Interior de Australia, con fecha 30 de agosto, señala que la agente que la interrogó la obligó a firmar una “notificación de decisión” mediante la cual se le cancelaba la visa. También indicó que la agente le recriminó porque las condiciones de su visado la obligaban a pasar tres meses fuera de Australia, algo que aparentemente no le explicó la empresa que tramitó su visa en su país de origen.
Asimismo María indicó en su misiva que la incomunicación duró hasta la madrugada siguiente, a eso de las tres de la mañana, cuando le permitieron hacer una llamada al extranjero y no a su hermana en Australia.
“Me dejaron llamar y llamé a mi mamá en (país hispano de origen) y le pedí a mi mamá que llame a mi hermana en Australia para que hable a Inmigración para que le dejen llamarme”, comentó en su carta, en la que indica que siete horas después un funcionario llegó a su habitación para decirle que podía llamar a su hermana porque Inmigración autorizó que le lleven una maleta de 20 kilogramos.
Pese a que la mujer pidió a las autoridades que la devuelvan a su país de origen porque ya tenía un billete electrónico comprado, éstas la enviaron al último país asiático que visitó, ante su sorpresa, y a pesar de que aparentemente durante su detención le habían informado que iría a su país de origen.
Según María, el agente de turno le respondió que eso es lo que Inmigración había organizado y ella que tenía que aceptar la decisión.
Ante esta situación, María le dice al Ministerio que siente “que mis derechos han sido violados y que me abandonaron en un tercer país….me trataron como criminal sin dejarme siquiera hablar o ver a mi familia cuando lo necesitaba. También escondieron la información sobre mi vuelo”, reclamó María en su carta.
Sin ayuda y en un tercer país, la hermana de María tuvo que ir a comprarle nuevos billetes desde Singapur, con escalas en Europa, para que regrese a su país de origen.
SBS Spanish consultó con Serco, la empresa a cargo del centro de Inmigración en donde fue detenida, para preguntar por la denuncia de la incomunicación, pero la empresa se limitó a responder que era mejor referir las preguntas al Ministerio del Interior, encargado de Inmigración.
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El agente migratorio a cargo de su caso, que ya ha sido presentado ante la Defensoría, remarcó que “no se puede prohibir a una persona la comunicación, sobre todo por el problema en el que estaba (María) en ese momento. No se puede hacer eso. Hay un caso que se decidió en la corte el 22 de junio de 2018 y que ganó la persona que demandó al ministro de Inmigración”.
Cuadros se refería al caso ARJ17 contra el Ministerio de Inmigración, en el que el juez determinó que no se puede dejar incomunicada a la persona.
“No se puede dejar a la persona incomunicada y no se le puede enviar a un país en donde haya ido de turismo, se le tiene que enviar a su país de origen. Teniendo los billetes electrónicos, puede ir al país de origen”, enfatizó el agente migratorio.
En su denuncia, Cuadros hizo notar que anteriormente las autoridades migratorias australianas estaban más presentes en los aeropuertos, pero ahora la empresa británica Serco es la que se encarga del cuidado de las frontera.
Al ser consultado por SBS Español, un portavoz del Ministerio del Interior de Australia reiteró que si bien “no comenta sobre casos individuales”, los agentes de control de fronteras tienen la potestad de examinar los bienes en el marco de la sección 186 de la Ley de Aduanas de 1901 y otras leyes como la Ley de Migración de 1958, lo que incluye los aparatos electrónicos.
Respecto a la deportación de un ciudadano a un tercer país, en lugar de su país de origen, esto ocurre cuando:
“El no ciudadano (australiano) es devuelto en un aeropuerto debido a que se hizo evidente que el no ciudadano no tenía la intención de cumplir con las condiciones de su visa. En esta circunstancia, la aerolínea está obligada a devolver al no ciudadano inadmisible al último puerto de entrada donde tiene derecho de entrada”, comentó el portavoz en un correo electrónico.
Asimismo cuando “el no ciudadano elige ser deportado a un país donde tiene derecho de entrada, en lugar de a su país de origen”.
Respecto a las comunicaciones, el portavoz indicó que “los detenidos en los centros de inmigración actualmente tienen acceso a teléfonos celulares. A eso se suma el acceso a internet y a los teléfonos en los centros de detención”, con lo que indirectamente negaría el punto denunciado por Cuadros.
La queja, además, fue presentada ante la Embajada de Australia en el país de origen de María. El representante de asuntos consulares aseguró en un correo electrónico al que tuvo acceso SBS Español de que el caso “será abordado con seriedad por la agencia gubernamental australiana implicada”.
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