La Comisión Real para las Conductas Indebidas de los Bancos, Fondos de Jubilación (Superannuation) y la Industria de los Servicios Financieros inicia sus audiencias públicas el martes en Melbourne, pero los defensores de las víctimas alertaron que esta instancia no oirá los testimonios de cientos de víctimas debido a que éstas temen violar los acuerdos de confidencialidad suscritos con las entidades bancarias.
La presidenta de la Asociación de Apoyo a los Consumidores de Bancos y Servicios Financieros, Denise Bailey, dijo a SBS News que hay “cientos” de testigos potenciales que hubieran querido comparecer en las audiencias públicas pero que éstas no lo harán porque temen represalias legales, especialmente aquellos que han pasado años de estrés financiero antes de lograr un acuerdo con las entidades bancarias y financieras por sus reclamos.
“Sé que no darán un paso adelante”, dijo Brailey, quien ayuda a las víctimas a negociar acuerdos con los bancos fuera de tribunales.
Otro grupo de apoyo a las víctimas dijo a SBS News que ha aconsejado a sus miembros a no contravenir las cláusulas de los acuerdos por las potenciales represalias legales que puedan afrontar por considerar que la comparecencia ante la Vomisión se encuentra en un “área gris”.
Una de las presuntas víctimas que recibió una hipoteca por parte de un banco, quien no quiso ser identificada, dijo a SBS News que a ella le hubiera gustado dar su testimonio, pero está “demasiado asustada” por las posibles represalias.
La víctima anónima, una mujer jubilada, firmó un acuerdo privado con el banco.
Esta mujer y su marido adquirieron un préstamo bancario para comprar una propiedad de inversión, cuyos pagos estaban más allá de sus posibilidades. Según su versión, el banco la contactó a través de un vendedor de puerta a puerta y le aprobó el préstamo con base en su “ingreso proyectado”, en el que tomaba en cuenta su actual residencia como garantía de préstamo.
Cuando la pareja no pudo pagar la hipoteca, ésta fue forzada presuntamente por el banco a vender su propiedad de inversión y en esa transacción perdió una gran cantidad de dinero.
Tras años de batalla, la pareja logró un acuerdo con el banco, pero los términos de confidencialidad del mismo le prohiben identificar el nombre del banco o la suma que recibió.
El acuerdo supuso un gran alivio, pero la mujer recuerda que la lucha causó un gran impacto en su salud mental y en su relación matrimonial.
“Nada arreglaría los cuatro años de angustia, tormento y la mala salud que tuvimos que afrontar”,. “Estuve a punto de perder mi vida”, remarcó.
Las preocupaciones entre las víctimas persiste a pesar de que el juez que lidera la investigación, el comisionado Kenneth Hayne, aseguró que las leyes protegen a los testigos. Asimismo agregó que si un banco inicia un proceso legal contra un testigo solo acapararía la atención de los investigadores y la entidad sería invitada a explicar sus razones.
Pese a ello, la víctima no identificada dijo que a ella le gustaría ver que esta afirmación estuviera por escrito.
“Me gustaría ver que se haga ley antes de testificar”, precisó.
Brailey insistió en que la Comisión utilice sus poderes para anular los acuerdos pasados de confidencialidad como se hizo con la investigación sobre pederastia en Australia.
Asimismo criticó el corto tiempo que dura la investigación, que deberá presentar su informe en menos de doce meses.
Las audiencias públicas se inician hoy y se centrarán en los préstamos en el mes de marzo y en abril analizará la gestión de la industria de la planificación financiera y la salud.
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