Colchonetas en el suelo, pasillos abarrotados y filas para desayunar. Decenas de campesinos despertaron en un vetusto local tras viajar más de 24 horas por zigzagueantes carreteras andinas para pedir la renuncia de la presidenta de Perú, Dina Boluarte.
Los cientos de campesinos del Cusco, Ayacucho, Cajamarca, Puno y Andahuaylas llegaron en autobuses y camiones masticando hojas de coca para saciar el hambre.
Algunos llegaron por primera vez a Lima, que el miércoles cumple 488 años de fundación española.
"Venimos desde la provincia de Chumbivilcas (Cusco) a defender nuestros derechos. Venimos a hacer escuchar nuestra voz. Tremendamente somos olvidados", dijo a la agencia de noticias AFP el campesino Edwin Condori, de 43 años, agotado por la travesía.
Condori y decenas de pobladores de Cusco pasaron su primera noche sobre colchonetas en el suelo de cemento de una habitación de 7 x 8 metros de un local partidario de una agrupación de izquierda, ubicado en la plaza Bolognesi en Lima.
A "tomar" Lima
La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) convocó a un paro nacional y una movilización el jueves.
"Queremos la renuncia de Dina Boluarte. No nos sentimos representados por ella”, aseguró Jesús Gómez que vestía un sombrero de lana de oveja y chalina de hilo de color rojo y negro.
Nosotros organizadamente hemos venido a tomar Lima, las calles de Lima, a paralizar Lima para ser escuchados.Jesús Gómez, ingeniero agrónomo de Chumbivilcas que produce papas, maíz y trigo en su pequeña chacra.
También llegaron campesinos cocaleros del valle del VRAEM, acrónimo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro, un gigantesco suelo que alberga la mitad de las plantaciones de hojas de coca del país.
"Nosotros hemos llegado para hacer escuchar nuestra demanda. Prácticamente los que es Ayacucho y el VRAEM totalmente olvidados estamos", expresó indignada la campesina cocalera Nélida Aguirre de 30 años.
"No tenemos una buena educación, no tenemos una buena salud. Nosotros somos muy olvidados por el gobierno”, manifestó la agricultora que tenía una bolsa de hojas de coca.
Aguirre descartó que los campesinos que se movilizaron a la capital peruana sean solventados por el narcotráfico en sus movilizaciones, como afirma el gobierno.
"Nosotros del VRAEM no somos financiados por narcotraficantes, no somos terroristas. Somos campesinos", indicó.
"Hemos venido para hacer sentir que los campesinos tenemos agallas. Mañana si se toma Lima será para que ellos (los gobernantes) se pongan en los zapatos de cuánto sufrimos los campesinos", señaló.
Mañana para nosotros es un día de lucha. Esta protesta es hasta que (la) usurpadora renuncie.Aurora Coronado, dirigente de la región Junín, refiriéndose a la presidenta Dina Boluarte.
Cientos de pobladores del Cusco se instalaron también en un local de la Universidad San Marcos, tomada por sus estudiantes.
Las demandas de los manifestantes son esencialmente políticas: renuncia de Boluarte, elecciones generales inmediatas y Asamblea Constituyente. El Gobierno ya ha rechazado todas estas peticiones.
CIDH condena "violencia" y "estigmatización" en Perú
Tras una visita de observación, realizada del 11 al 13 de enero, Stuardo Ralón, relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo durante una sesión del Consejo Permanente de la OEA, que la CIDH "condena todo tipo de violencia".
"Ha habido violencia, tanto denuncias de violencia por parte de fuerzas de seguridad que están en procesos de investigación, denuncias que recibimos de testimonios de familiares, y también violencia que ha afectado una serie de bienes públicos y privados", afirmó por videoconferencia.
Perú está sacudido por protestas desde que en diciembre el Congreso destituyó al presidente izquierdista Pedro Castillo por un fallido golpe de Estado con el que intentó disolver el Parlamento, gobernar por decretos y convocar una Asamblea Constituyente.
Las protestas se han saldado con 47 muertos, entre ellos siete adolescentes, y 650 heridos, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad, detalló el relator.
La CIDH considera fundamental que se lleven a cabo investigaciones balísticas para determinar el tipo de armas utilizadas, dado que las autopsias han revelado disparos a la cabeza o al tórax.
"El Estado debe realizar en este contexto investigaciones serias e imparciales en un tiempo célere", pidió, e insistió en que "los hechos de violencia no deben desnaturalizar las protestas".
Además hizo un llamamiento a frenar el "uso generalizado" de la "estigmatización".
Existe "un deterioro en el debate público que genera una estigmatización de personas de origen aimara o quechua" con términos como "terrorista, senderista o indio" que "generan un clima de mayor violencia", pero "sobre todo ofenden a personas que sí están haciendo una protesta pacífica", denunció.
A la sesión asistió el director general para Asuntos Multilaterales y Globales del ministerio de Relaciones Exteriores peruano, Paul Fernando Duclos, quien afirmó que "el objetivo en el momento actual es permitir una transición democrática, ordenada y libre de corrupción sin violencia y con el necesario diálogo entre todos los peruanos".
Numerosos países han pedido el uso de la palabra para condenar la violencia y pedir diálogo, pero también para criticar la situación de Castillo, quien cumple 18 meses de prisión preventiva dictados por un juez bajo cargos de rebelión.
"Nos preocupa la situación del expresidente Pedro Castillo y en particular su prisión preventiva", afirmó el embajador brasileño ante la OEA, Otávio Brandelli, en nombre del gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Y fue más allá instando a las autoridades peruanas que "consideren alternativas" al encarcelamiento.
En la misma sintonía, el representante argentino Carlos Raimundi afirmó que su país está "preocupado por la situación del debido proceso frente a la detención del expresidente o del presidente Castillo".
No han sido las únicas críticas al gobierno peruano. La embajadora mexicana Luz Elena Baños "rechazó el uso desproporcionado de la fuerza pública para responder a las protestas sociales".
En un tono salomónico el secretario general de la OEA, Luis Almagro, concluyó: "El derecho a la protesta expresado pacíficamente debe respetarse, el derecho a que el Estado proteja el orden también. No se pueden aceptar actos de vandalismo, pero mucho menos el uso desproporcionado de la fuerza".
