El movimiento indígena y el gobierno de Ecuador abren este domingo el diálogo para solucionar la violenta crisis que estalló hace 12 días a causa de los ajustes económicos acordados con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Las dos partes, con la ayuda de la ONU y la Iglesia católica, sostendrán un primer encuentro a partir de las 15 horas (tiempo local).
La cita está prevista en Quito donde la víspera las protestas contra las medidas degeneraron en una ola de caos, con el edificio de la Contraloría en llamas y dos medios asaltados por manifestantes.
En respuesta a estas manifestaciones de violencia, el presidente Lenín Moreno impuso el toque de queda indefinido en la ciudad y ordenó su militarización.
Venidos de varios puntos del país, los indígenas, que se deslindaron de las acciones violentas, se replegaron ante la prohibición de circular por la ciudad desde la tarde del sábado. Pero, de acuerdo con su dirigencia, se mantendrán en la ciudad hasta alcanzar un acuerdo sobre la eliminación de subsidios que incrementó hasta un 123% los precios del diésel y la gasolina.
"Nos mantenemos en Quito, no solo los dirigentes sino también las bases, y nos mantendremos hasta que haya una solución", expresó a la AFP Salvador Quishpe, quien integra la comisión política de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie).
La organización indígena espera salir con un acuerdo que revoque o dé paso a la revisión del decreto sobre el fin de los subsidios.
Esperamos "un punto de equilibrio, y eso podría ser que no suba como subió (el combustible), sino en un porcentaje menor", añadió Quishpe.
El movimiento indígena, que ganó protagonismo con levantamientos que llegaron a derrocar a tres presidentes antes de fraccionarse bajo el gobierno del izquierdista Rafael Correa (2007-17), recobró inusitada fuerza.
Miles llegaron a Quito desafiando a los militares desplegados bajo el estado de excepción, para exigir que se derogue el "paquetazo", un conjunto de medidas pactadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Moreno, que ofreció a los indígenas un diálogo directo, está en Guayaquil, adonde trasladó la sede presidencial tras decretar el estado de excepción nacional el 3 de octubre y movilizar a las Fuerzas Armadas.
Esperan que vuelva la calma
El presidente agradeció la decisión de los pueblos originarios de sentarse finalmente a dialogar después de haber rechazado su primera invitación también a instancias de la ONU y la Iglesia Católica.
El diálogo sucede a las protestas más violentas que se recuerden en Ecuador en mucho tiempo.
"Es un día triste para el Ecuador, para Quito, para la historia de nuestro país", lamentó el sábado el mandatario en un mensaje a la nación.
Este domingo podían verse grandes destrozos en puntos de la ciudad. Sobre una vía aún estaba el esqueleto de un vehículo policial devorado por las llamas. La fuerza pública estaba apostada en sitios estratégicos y, pese al toque de queda vigente, había personas en las calles.
Desde que estallaron las manifestaciones se han registrado siete muertos, 1.340 heridos y 1.152 detenidos, según el balance más reciente de la Defensoría del Pueblo.
La protesta que estalló el 2 de octubre también mantiene interrumpido el transporte de petróleo -la mayor fuente de divisas- por el principal ducto del país, debido a la ocupación de pozos en la Amazonía.
"Fuerzas oscuras"
Amparado en la figura de excepción, que en principio permite restringir algunos derechos por 30 días, el gobierno ya había dispuesto el toque de queda nocturno alrededor de los edificios públicos capitalinos. Pero ahora amplió y endureció la medida.
El sábado Moreno acusó a su antecesor Rafael Correa y al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, de estar tras la violencia.
"Fuerzas oscuras, vinculadas a la delincuencia política organizada y dirigida por Correa y Maduro -en complicidad con el narcoterrorismo, con pandillas, con ciudadanos extranjeros violentos- causaron zozobra, violencia nunca antes vista", expresó.
Ambos líderes han rechazado entre burlas los insistentes señalamientos de Moreno.
En el poder desde 2017, el mandatario enfrenta su mayor crisis por las reformas que convino con el FMI para aliviar el pesado déficit fiscal que achaca al derroche, endeudamiento y corrupción del gobierno de Correa.
Además del fin de subsidios, las medidas prevén recortar derechos a empleados públicos.
Los indígenas, que representan el 25% de los 17,3 millones de ecuatorianos, son el sector más castigado por la pobreza y principalmente trabajan en el campo.
Con la liberación de los precios de los combustibles, deben pagar más para transportar sus productos al tiempo que temen una inflación generalizada.
