Casi 170.000 australianos que acumulan deudas con Centerlink por cobrar ayudas ilegítimas, serán obligados a firmar planes de devolución de los ingresos si quieren evitar pagar intereses.
El gobierno federal está persiguiendo a antiguos beneficiarios de asistencias sociales en un esfuerzo por recuperar más de $900 millones de dólares.
Una persona en Queensland se embolsó $800.000 al presentar reclamos fraudulentos por "hijos ficticios" y un ingreso comercial no declarado. El estafador, que cobra un sueldo y no tiene derecho a la asistencia social, ha emitido un pago único de $3.000 pero se niega a negociar otros arreglos para liquidar la deuda.
Otra persona incurrió en una deuda de $400.000 hace aproximadamente 10 años al reclamar beneficios por desempleo bajo identidades falsas. Más tarde devolvió unos $10.000 para después desaparecer sin dejar rastro.
"Todos los que están siendo contactados ya no reciben un beneficio, pero anteriormente recibieron pagos a los que no tenían derecho y no han hecho ningún esfuerzo -en algunos casos por más de una década- para devolver lo que deben", dijo el viernes el ministro de Servicios Humanos, Michael Keenan.
"Para aquellos que se niegan a tomar medidas, los cargos por intereses son solo el comienzo. Mi departamento también analizará otras medidas, como embargar los salarios y los reembolsos de impuestos, o referir los casos a agentes de cobranza externos", explicó el ministro.
A las personas se les ha otorgado 28 días para comprometerse con un plan de pago o recibir un interés del 8,77 por ciento.
"Como ninguno está recibiendo asistencia social, el gobierno cree que la mayoría ahora están trabajando y tienen los medios para comenzar a devolver lo que deben", dijo Keenan.
Las enérgicas medidas del gobierno de la coalición contra el fraude al sistema de seguridad pública han fracasado en el pasado, tras el fallido programa de deuda móvil de Centrelink que hizo que un número de personas fueran perseguidas de forma errónea para devolver pagos de la seguridad social.
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