El Gobierno australiano y los operadores del centro de detención de inmigrantes de la isla Manus, en Papúa Nueva Guinea, lograron hoy un acuerdo legal frente a las denuncias de maltratos a los reclusos y si bien los detalles del documento son secretos se calcula que cada demandante recibiría 150.000 dólares.
El acuerdo legal se anunció hoy cuando estaba previsto el inicio de un juicio de seis meses en el Tribunal Supremo del Estado de Victoria, en virtud de una demanda colectiva presentada por la firma legal Slater and Gordon en nombre de 1.905 inmigrantes detenidos en Manus entre los años 2012 y 2016.
Los detenidos pedían una indemnización por supuestos daños físicos y psicológicos vinculados a las condiciones de su detención en ese centro alegando que el Gobierno australiano no cumplió con su deber de velar por los reclusos.
Los demandantes también consideraban que su detención era ilegal, después de que el año pasado el Tribunal Supremo de Papúa Nueva Guinea determinara que el régimen de reclusión en Manus viola las libertades personales de los solicitantes de asilo en el marco de la Constitución del país
Tanto el Gobierno, como las empresas que han gestionado el centro, G4S Australia y Broadspectrum (llamado antes Transfield Services) negaron las acusaciones.
El acuerdo puede abrir potencialmente la puerta para otras demandas millonarias en Papúa Nueva Guinea contra el Gobierno de ese país.
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