Los centros de votación en Guatemala cerraron este domingo en la segunda vuelta de las presidenciales entre la socialdemócrata Sandra Torres y el conservador Alejandro Giammattei. Con poco entusiasmo, los guatemaltecos han acudido a las urnas.
El ganador tendrá el desafío de enfrentar la pobreza y la violencia que disparan la migración.
Giammattei, favorito en las encuestas, y Torres disputan la segunda vuelta luego de que en los comicios de junio ninguno alcanzara el 50% más uno de los votos.
El ganador sustituirá en enero por un periodo de cuatro años al actual mandatario, Jimmy Morales. En Guatemala no hay reelección.
Vestido con una camiseta de la selección de fútbol, Morales votó hacia el mediodía y recomendó a los candidatos priorizar tres temas: reducir la migración irregular hacia Estados Unidos, mejorar la educación y combatir la desnutrición crónica en niños menores de 5 años, que afecta al 46% de infantes.
Momentos después y casi en simultáneo, pero en lugares distintos, votaron los dos aspirantes, quienes reiteraron sus ofrecimientos de combatir el desempleo, mejorar la salud y la educación, así como combatir la corrupción y la violencia.
Pero los centros de votación muestran una escasa asistencia, en un ambiente nublado y bajo amenaza de lluvia.
"Ha sido una jornada que se está desarrollando con normalidad. Baja en general la participación", dijo a periodistas el expresidente costarricense, Luis Guillermo Solís, jefe de la misión de observación de la Organización de Estados Americanos.
Pero se han registrado "incidentes que han sido subsanados" como denuncias de compra de votos.
La pobreza afecta al 59% de los 17,7 millones de guatemaltecos y la violencia deja unos 4.500 muertos anualmente, siendo los principales factores que motivan la migración.
Ambos políticos han evitado profundizar sobre el acuerdo firmado a fines de julio por el gobierno con Estados Unidos para convertir a Guatemala en "tercer país seguro", lo que implica recibir a migrantes que tenían el objetivo de pedir asilo en el país norteamericano.
Este acuerdo sacudió la recta final de la campaña y generó múltiples críticas y acciones legales, principalmente basadas en el elevado índice de pobreza y la falta de infraestructura.
Andar "sin miedo"
"Todo lo que anhelamos es que el próximo presidente acabe con la delincuencia, que uno pueda andar en lugares públicos sin miedo", dijo a la AFP Edgar Chiquitó, un técnico de elevadores de 43 años, al sufragar en una escuela del poblado maya de Sumpango (oeste).
"Lo único que yo espero es que la presidenta o presidente que quede es que cuando ya esté sentado allí (en la presidencia) no se olvide de la gente", señaló indignada otra de la votantes que prefirió no dar su nombre.
Los votantes coinciden en reclamar a los candidatos seguridad y empleo para reducir la violencia y la pobreza.
Aunque ambos candidatos buscan frenar el éxodo a Estados Unidos, un motor fundamental de la economía guatemalteca son las remesas de sus migrantes, que el año pasado alcanzaron casi 9.300 millones de dólares, cifra cercana al total de las exportaciones.
Cerca de 1,5 millones de guatemaltecos viven en Estados Unidos, de los cuales solo entre 300.000 y 400.000 tienen residencia legal, según datos oficiales.
Miles se aventuran a cruzar México para llegar a Estados Unidos alegando huir de la pobreza y la violencia, problemas comunes en el norte centroamericano donde operan las temidas pandillas y grupos del narcotráfico.
El Triángulo Norte de Centroamérica -integrado por El Salvador, Guatemala y Honduras- es la región sin conflicto armado más violenta del mundo, según la ONU, y en el último año generó multitudinarias caravanas migratorias hacia Estados Unidos.
Tambaleante lucha anticorrupción
En 2015 los guatemaltecos vieron una esperanza de atacar la corrupción tras el arresto del presidente Otto Pérez por casos impulsados por la fiscalía local y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente adscrito a la ONU.
Pero esas esperanzas se ven menguadas con el fin de las funciones de la Cicig en septiembre, ya que Morales desistió de ampliar su misión hasta 2021 luego de que el ente internacional y la fiscalía solicitaran investigarlo por el financiamiento ilegal de su campaña.
Ambos aspirantes a la presidencia descartaron la continuidad de la Cicig, que funcionaba desde 2007, y proponen crear fiscalías especiales con apoyo internacional.
Pero analistas y opositores dicen que esas promesas son vagas y dudan de sus compromisos contra la corrupción, dado que los dos candidatos fueron cuestionados y acusados por la Cicig.
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