El Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) reveló en un reporte que "antes del primer año de implementación, el mercado regulado alcanza al 54% de los usuarios de marihuana".
El informe explica que ese porcentaje incluye a consumidores registrados ante el Estado y a otros que no lo están.
La venta de cannabis en farmacias se puso en práctica en julio del año pasado, y las dos empresas que producen para el Estado, que canaliza la droga a la red de distribución, no alcanzan a suplir la demanda de las casi 24.000 personas registradas para comprar, señaló el informe del IRCCA.
En Uruguay existen tres formas de acceder a cannabis pasando por el sistema regulado y registrado por el Estado: el auto-cultivo, el cultivo en cooperativas o clubes, y la compra en farmacias de hasta 40 gramos mensuales.
Según el estudio "Mercado regulado del cannabis", un auto-cultivador o un miembro del club de cannábis "provee a otras dos personas (...) en tanto las personas que adquieren en farmacia comparten solo con una persona más".
De esta forma, aunque solo el 23% de las 147.000 personas que el gobierno estima consumen marihuana en el país están registradas como cultivador, miembro de club o comprador en farmacias, la población que realmente accede a cannabis regulado es mucho mayor, remarca el reporte.
El número de personas registradas para comprar marihuana producida bajo control estatal y vendida en farmacias en Uruguay va camino a quintuplicarse en nueve meses de los 4.900 anotados inicialmente, y la producción aún no es suficiente para llenar la demanda.
Desde que se vendió el primer paquete en julio del año pasado, el Estado ha canalizado 752 kilos de marihuana a través de las farmacias.
La marihuana estatal se produce en invernaderos unos 50 kilómetros al oeste de Montevideo, bajo fuerte vigilancia de las autoridades.
Los consumidores disponen de cuatro variedades del producto que se vende en farmacias de plaza, en paquetes sellados de 5 gramos, a un valor de aproximadamente 1,40 dólares el gramo.
Popularmente conocida como la "ley de la marihuana", la iniciativa fue aprobada por el Parlamento en 2013, durante la administración de José Mujica (2010-2015).
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