La agencia de la ONU para los refugiados, la ACNUR, instó a Australia a asumir la responsabilidad sobre la situación de los 380 solicitantes de asilo y refugiados que permanecen en el clausurado centro de detención de la isla de Manus, en Papúa Nueva Guinea.
“La situación en el terreno es muy grave y se deteriora día a día”, dijo Nai Jit Lam, un representante regional de la ACNUR el martes al referirse al centro de Manus que era gestionado por Australia como parte de su política de tramitación de solicitudes de asilo en terceros países.
"Australia debe continuar asumiendo su responsabilidad y jugar un papel activo para lograr soluciones”, agregó Lam.
Estos solicitantes de asilo y refugiados se encuentran sin agua potable, electricidad, servicios básicos ni atención médica tras el cierre del centro de Manus el 31 de octubre pasado en virtud de una orden del Tribunal Supremo de Papúa Nueva Guinea, que lo declaró ilegal.
Sus ocupantes se rehúsan a abandonar el lugar para ser trasladados a los nuevos centros de acogida en Lorengau, el principal poblado de Manus, por temor a ser atacados por los lugareños.
A los nuevos centros se han desplazado unos 250 inmigrantes, pero Lam considera que afrontan problemas de seguridad y la construcción o implementación de estas instalaciones alternativas no han sido concluidas.
Tras el cierre las autoridades han entrado al centro y han destruido parte de las instalaciones y los contenedores de basura donde los inmigrantes almacenaban el agua de la lluvia, un elemento, que según los ocupantes, es muy necesario especialmente en el calor de esas tierras tropicales y húmedas.
Según Lam, los medicamentos se acabaron la semana pasada, la salud de los ocupantes de Manus se ve mermada por el clima húmedo y extremadamente caluroso.
Además ellos han comenzado a cavar pozos dentro del centro para obtener agua, agregó el representante de Manus.
La ONU y otros organismos de derechos humanos han criticado las condiciones en las que viven los solicitantes de asilo en los centros de detención en el Pacífico Sur, que se reabrieron en 2012 con el endurecimiento de la política contra la inmigración ilegal por la vía marítima.
