Los trabajadores sociales en Australia que se desempeñan en la prestación de servicios a personas vulnerables, como por ejemplo para acceder a una vivienda o apoyar a las víctimas de violencia doméstica, así como a las personas con discapacidad o con problemas de salud mental, pueden perder sus empleos si es que no se amplían los fondos federales.
El gobierno australiano aporta fondos para ayudar a las diversas organizaciones del país a cubrir el aumento de los costos relacionados por el incremento de las tasas de adjudicación (award rates) después de que la comisión de Empleo Justo emitiera una orden de suplemento de remuneración equitativa.
Esta medida aseguraba que unos 150.000 trabajadores con salarios bajos recibieran un aumento de entre el 19 y el 41 por ciento.
Un 80 por ciento o 120.000 de los trabajadores son mujeres que se dedican a estas labores en el sector social y comunitario.
Pero la financiación terminará a finales de este año.
El Centro de Investigación de Política Social de la UNSW realizó una encuesta a 1.454 empleados del sector comunitario, incluidos 406 líderes de organizaciones sociales, en octubre de 2019 para prever cómo les afectaría el recorte de la financiación.
Más del 90 por ciento comentó que necesitarían reestructurar sus organizaciones, reducir su personal y recortar los servicios.
“Los trabajadores del servicio comunitario merecen un mejor salario por el trabajo importante que realizan”, dijo la directora ejecutiva del Consejo de Servicios Sociales de Victoria, Emma King.
“Recortar los fondos para los trabajadores del sector comunitario supone que haya menos personas que brinden ayuda a otros en momentos de gran necesidad”, agregó.
Más de la mitad de las 406 organizaciones que respondieron a la encuesta dijeron que recibían financiamiento ya sea del gobierno estatal o federal o de otras fuentes.
La directora ejecutiva del Consejo Australiano de Servicio Social, Cassandra Goldie, instó al gobierno federal a comprometerse a mantener los fondos para “asegurar que el personal reciba un sueldo justo en este sector”.
“Australia es uno de los países más ricos del mundo y la gente debe ser capaz de apoyarse en un servicio comunitario en momentos de necesidad”, precisó.
En su web, el Consejo de Servicios Sociales de Australia explicaba que la financiación de estos pagos está garantizada hasta junio de 2021 mediante la la Ley de la Cuenta Especial de Equidad de Remuneración de los Servicios Sociales y Comunitarios de 2012 aprobada por el Parlamento australiano.
En virtud de esta ley, el último pago a la cuenta especial se efectúa el 1º de julio de 2020, razón por la cual estos pagos cesan en julio de 2021. El pago a la cuenta especial en 2020 es de 554 millones de dólares.
El año pasado, la ministra australiana de Servicio Social y de las Familias, Anne Ruston, se reunió con 20 organizaciones para discutir el impacto del cese de este pago y asegurar la sostenibilidad del sistema de servicio social.
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