Al menos 134 personas han muerto a causa de la violenta represión en Nicaragua contra los manifestantes antigubernamentales que han tomado las calles desde el 18 de abril, informó este jueves un grupo humanitario.
"Tenemos contabilizados 134 muertos hasta este jueves, entre ellos tres jóvenes que fallecieron la noche del miércoles en la ciudad de Chinandega (noroeste) y otro en Nueva Guinea (norte)", confirmó a la AFP la directora ejecutiva del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Marlin Sierra.
Grupos armados, denominados "turbas", atacaron la noche del miércoles a jóvenes manifestantes que pretendían cerrar el tráfico en la ciudad de Chinandega, cabecera del departamento del mismo nombre, que conecta con uno de los puestos fronterizos con Honduras, según reportes de la prensa local.
Los tres jóvenes fueron mortalmente heridos con impactos de bala y morteros durante el ataque, entre ellos un estudiante de la estatal Universidad Autónoma de Nicaragua (Unan) de la occidental ciudad de León, José Casco, quien había llegado a apoyar a los manifestantes de Chinandega.
Las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega se agravaron esta semana con bloqueos en las carreteras en casi todo el país.
El presidente aceptó reunirse la tarde de este jueves con los obispos de la Conferencia Episcopal para analizar la posibilidad de reanudar el dialogo que los religiosos estaban mediando desde mayo, y que se encuentra suspendido debido la negativa del gobierno de cesar la represión contra los manifestantes.
EEUU restringe visas a funcionarios de Nicaragua por violaciones de derechos humanos
Estados Unidos impuso este jueves restricciones de visado a los responsables de abusos contra los derechos humanos o la democracia en Nicaragua, dijo la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert.
"La violencia política por parte de la policía y de matones progubernamentales contra el pueblo de Nicaragua, en particular contra estudiantes universitarios, muestra una flagrante falta de respeto por los derechos humanos y es inaceptable", expresó Nahuert en un comunicado.
Las sanciones afectan a oficiales de la Policía Nacional, funcionarios municipales y a un funcionario del Ministerio de Salud, que según Washington "dirigen o supervisan la violencia contra quienes ejercen sus derechos de reunión pacífica y libertad de expresión".
Estos funcionarios, que no serán identificados debido a leyes de confidencialidad, "han operado con impunidad en todo el país", dijo Nauert, y precisó que en algunos casos la sanción alcanzará también a sus familiares.
"Estamos enviando un mensaje claro de que los abusadores de los derechos humanos y aquellos que socavan la democracia no son bienvenidos en Estados Unidos", añadió.
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