La jueza de la corte Federal, Wendy Abraham, decidirá en unos días si concede o no la libertad provisional a Adriana Rivas. La chilena Rivas está utilizando nuevas vías legales para detener su extradición y quedar en libertad.
Hoy se ha celebrado una audiencia, a solicitud de Rivas, para tratar de revertir la decisión de la corte de Nueva Gales del Sur de negarle la libertad provisional mientras aguarda el desarrollo de su proceso de extradición a Chile.
El abogado de Rivas, Frank Santisi, ha presentado hoy ante la jueza Abraham de forma oral, cerca de 39 causales con los que argumenta por qué se le debería haber dado la libertad provisional.
Parte de los argumentos presentados alegan hay que hay fallos legales en la forma en que se ha presentado la solicitud de extradición de Rivas, y entre otras cosas, Santisi ha dicho que el material presentado no ofrece pruebas suficientes sobre la culpabilidad de Rivas en los cargos de los que se le acusa, y que hay circunstancias excepcionales sobre la complejidad del caso, por lo que Rivas no debería estar detenida, ya que ademas, va a ser un proceso largo.
Por su parte, la fiscalía ha argumentado en contra de la libertad provisional, entre otras cosas, el hecho de que hay riesgo de fuga, ya que Rivas salió de Chile contraviniendo la ley chilena, ya que se encontraba en libertad condicional a la espera de juicio.
La abogada Adriana Navarro, que representa a los familiares de los desaparecidos en Australia, ha dicho a SBS Spanish que los argumentos presentados hoy son en realidad temas a decidir en Chile, y no en Australia.
"Son temas que deben ser tratados en Chile, una vez que se extradite a Rivas. Nada de esos temas tenían que ver con lo que sucede en Australia. En Australia, la magistrada Quinn sólo tenía que considerar si había temas pertinentes o extraordinarios como para darle la libertad provisional, como por ejemplo temas graves de salud, o de otro modo, que ella no constituía riesgo de fuga."
Por qué se negó la petición inicial de libertad
Rivas quien fuera exagente de la Dirección Nacional de Inteligencia, DINA, la policía secreta constituida en Chile durante la dictadura militar liderada por Augusto Pinochet, afronta en detención desde el pasado 19 de febrero, una batalla legal contra el pedido de extradición de Chile para que ésta retorne a su país para ser juzgada por delitos contra los derechos humanos.
Rivas niega todos los cargos en su contra.
La magistrada Margaret Quinn rechazó el 27 de Junio la petición de libertad provisional hecha por Adriana Rivas, con el argumento de que no existe ninguna circunstancia excepcional que justifique que se le pueda conceder la libertad provisional.
La defensa de Rivas, había presentado informes médicos sobre la mala salud de Rivas, informes del correccional en el que se encuentra, declaraciones y órdenes de arresto internacional entre otros.
En su día, la jueza Quinn examinó cada uno de los alegatos que presentó Adriana Rivas, un conjunto de 30 factores que la magistrada analizó de manera individual y en conjunto, para decidir si constituían circunstancias excepcionales como para que se le concediera a Rivas la libertad provisional.
Según explicó entonces a SBS la abogada Adriana Navarro, “Ninguno de los elementos alegados, ni el retraso en comenzar la extradición, ni que los cargos son históricos, ni que ella vive en Australia, que ha sido una buena ciudadana, etcétera, ni tampoco los alegatos sobre la salud de Rivas, (...) no constituyen circunstancias excepcionales. Por tanto, la juez no le ha otorgado la libertad provisional a Adriana Rivas”.
Más recursos legales pendientes
Rivas ha presentado una segunda apelación a la solicitud de extradición, que se revisará en una vista oral el próximo 1 de noviembre. Sus abogados alegan que la forma de la solicitud de extradición es inválida porque viola el tratado de extradición entre los dos paises.
El Fiscal General y la República de Chile, solicitarán en la vista a la jueza Abraham que se desestime la apelación y que haya una decisión de que "no ha lugar".
¿De qué se le acusa?
Rivas es requerida por las autoridades de Chile por su presunta participación los secuestros calificados de Víctor Díaz, Fernando Ortiz, Fernando Navarro, Lincoyán Berríos, Horacio Cepeda, Héctor Véliz y Reinalda Pereira, ocurridos entre 1974 y 1977, razón por la que la Corte Suprema de Chile emitió una orden de extradición en 2014.
Adriana Elcira Rivas González fue una agente de la Dirección Nacional de Inteligencia, DINA, la policía secreta constituida en Chile durante la dictadura militar liderada por Augusto Pinochet. También se desempeñó como secretaria del fallecido militar Juan Manuel Contreras, quien dirigió la DINA entre 1974 y 1977.
Un grupo de unas doce personas pertenecientes a la organización Justice in Chile, para el apoyo a los familiares de las víctimas, estuvieron presentes en la vista de hoy.
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