El alto costo de vida, la corrupción y la desigualdad entre los motivos de las marchas en las calles panameñas. El acuerdo se alcanzó con la Iglesia como parte mediadora.
A un mes del estallido de las primeras huelgas y protestas en Panamá, con marchas diarias, piquetes en las principales carreteras y cierres de calles por los pueblos originarios y campesinos, el gobierno de Laurentino Cortizo y los manifestantes lograron acuerdos en una mesa de diálogo.
La Iglesia Católica participó como mediadora en el país más rico de Centroamérica, donde las protestas callejeras eran inusuales, pero ahora muchos ciudadanos han perdido la paciencia y se han lanzado a las calles.
El alto costo de la vida pero también la corrupción y la desigualdad han sido las principales razones por las cuales miles de panameños han salido a las calles a protestar.
Los profesores comenzaron las protestas con una huelga indefinida y se fueron sumando sindicatos, organizaciones sociales, grupos indígenas y otros sectores de la población.
El pasado 30 de julio finalizó la primera etapa de la mesa de negociación entre los movimientos populares y el gobierno nacional, quien se comprometió a destinar más del 5% del Producto Interno Bruto para el sector educativo en el año 2023 hasta alcanzar el reclamado 6% para el año 2024.
Por tanto, los educadores anunciaron regresar a las aulas, no sin antes denunciar una campaña montada para desprestigiar su lucha a través de medios de comunicación y grupos allegados al oficialismo. El dirigente Joaquín Rodríguez, confirmó que vigilarán el cumplimiento del acuerdo.
Con el país al borde de un estallido social y más de 500 millones de dólares estadounidenses en pérdidas estimadas en la cadena de producción por los disturbios, el gobierno panameño ha tratado de calmar los ánimos con concesiones.
El presidente Laurentino Cortizo congeló el precio de la gasolina en 3,95 dólares estadounidenses por galón y finalmente lo bajó a 3,25. Acuerpado por sus ministros, el mandatario comentó sobre las protestas.
Pero, después de cuatro semanas y la instalación de una mesa única de diálogo, se llegaron a acuerdos en temas sobre la gasolina, canasta básica familiar, medicamentos y educación.
En el tema de la canasta básica de alimentos, se aprobó lo que se denominó la canasta básica saludable familiar ampliada con 72 productos de primera necesidad, entre alimentos y artículos de aseo.
Algunos de los productos serán subsidiados por el Estado, a otros se les estableció un margen máximo de ganancia y, en otros casos, se aprobó la eliminación del arancel de importación para que se refleje en precio final al consumidor. El objetivo es lograr un ahorro de 80 dólares.
Una comerciante referida por Estrella de Panamá comentó sobre el control de precios con las nuevas medidas.
Panamá está entre los países más desiguales del mundo, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Por ejemplo, el índice de pobreza multidimensional llegaba en 2017 al 95 % en la comarca indígena Ngäbe-Buglé, mientras que a nivel nacional era del 19 %.
Y esto no viene de ahora: en 2015 un informe oficial reveló que el 10% de las familias más ricas de Panamá tenían 37 veces más ingresos que el 10% de las más pobres.
