Los gremios además exigen reformas más profundas al sistema de pensiones –heredado también de la dictadura- y que entrega pensiones menores al salario mínimo (420 dólares). También piden incrementar el presupuesto a la salud pública, donde se atiende casi el 80% de la población chilena, y aumentar el salario mínimo.
Saqueos a tiendas y violentos choques con la policía se generaron varios otros puntos del centro de Santiago, especialmente fuertes en los alrededores de la casa de gobierno en medio de una jornada de paro general convocado en Chile por un centenar de organizaciones sociales.
En la jornada, el peso chileno se desplomó 3,1% y alcanzó su valor mínimo histórico, de 783,82 unidades, mientras que la Bolsa de Comercio de Santiago cayó 1,57% en medio de los temores sobre los efectos en la economía de la extensión de la crisis social.
El llamado a huelga general se produjo a más de tres semanas de que estallaran las primeras protestas sociales, convocada por la llamada "Mesa Social", que reúne a más de un centenar de organizaciones sociales de empleados fiscales, profesores, trabajadores de la salud pública, empleados portuarios y de los aeropuertos.
La pulseada llega luego que el presidente Piñera dio un giro al anunciar el inicio de un proceso para cambiar la Constitución que se mantiene como herencia de la dictadura de Augusto Pinochet, aunque no con una Asamblea Constituyente –como piden los manifestantes y que contemplaría una participación más amplia de la ciudadanía– sino a partir de un Congreso Constituyente, cuyos detalles y composición aún no se definen.
En un intento por aunar posiciones, el mandatario se reunió con los expresidentes Eduardo Frei (1994-2000) y Ricardo Lagos (2000-2006) y habló por teléfono con la exmandataria socialista Michelle Bachelet, actual alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas.
El gobierno de Piñera logró también un acuerdo con la oposición política para impulsar una reforma tributaria que recaudaría unos 2.000 millones de dólares, destinados a financiar parte de los anuncios sociales que ha realizado para acallar las protestas sociales, y cerró un acuerdo para aprobar el Presupuesto de 2020, incluyendo algunas concesiones sociales.
Entrevista con el Senador Alejandro Navarro, miembro de la Comisión de DDHH.
