El Tribunal Constitucional de Perú declaró fundado un recurso que buscaba la libertad de la líder opositora Keiko Fujimori, por lo que anuló la orden de prisión preventiva que cumplía desde hace casi 13 meses por el escándalo de la brasileña Odebrecht.
Keiko, de 44 años, fue enviada a prisión el 31 de octubre de 2018 por supuestamente interferir en las indagaciones de la fiscalía sobre el escándalo de Odebrecht.
Responsables de la constructora confesaron haber repartido ilegalmente decenas de millones de dólares entre miembros de la clase política peruana, incluidos cuatro expresidentes.
Para evitar que siguiera interfiriendo, el fiscal José Domingo Pérez pidió a la justicia 36 meses de prisión preventiva para la primogénita del también encarcelado expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000). Luego el periodo fue bajado a 18 meses por la Corte Suprema.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional no se pronunció sobre el fondo de la acusación contra Keiko, pues un fallo de absolución o condena deberá ser dictado más adelante por otras instancias judiciales.
Considerada como la persona más poderosa de Perú entre 2016-2018, Keiko encontrará un escenario político muy distinto al que había cuando fue enviada a prisión, pues su popularidad ha caído estrepitosamente.
El presidente Martín Vizcarra, a quien ella trató de dominar sin éxito, disolvió el Congreso hace dos meses y convocó a nuevos comicios legislativos para el 26 de enero, en los que el partido de Keiko, Fuerza Popular (derecha populista), corre el riesgo de perder la holgada mayoría absoluta que detentaba desde 2016.
Keiko está acusada de recibir aportes ilegales de Odebrecht para su campaña electoral en 2011, en un escándalo que salpica también a cuatro expresidentes, incluido el socialdemócrata Alan García (1985-1990 y 2006-2011), quien se suicidó en abril cuando iba a ser detenido.
Entrevistados: Carlos Tapia, abogado y ex miembro de la comisión de la verdad en Perú; y el académico y analista político de la Universidad Católica, Nelson Saul Manrique.
