Bolivia debe proteger a las niñas de la violencia sexual y los embarazos forzados, afirmó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) después de que una adolescente de 11 años fuese violada por su abuelastro.
La niña se encuentra en un albergue de la Iglesia católica, que se niega a que se someta a un aborto. Las autoridades locales, el personal médico y la madre de la menor también se oponen.
La madre afirma que tanto ella como su hija quieren que el bebé nazca y que después decidirán si lo crían o lo dan en adopción.
El embarazo infantil y adolescente es un problema en el hemisferio, con cerca de 10 millones de casos al año, advierte la CIDH, en un informe sobre violencia y discriminación.
El caso de la adolescente boliviana reabrió el debate entre quienes opinan que debe abortar (si fuera necesario iniciando un procedimiento judicial para quitarle la patria potestad a la madre) y quienes se oponen tajantemente, como el arzobispado de Santa Cruz (este), el departamento donde reside la víctima.
Entrevistado: Carlos Cordero, académico y analista político.
