Más de una docena de organismos de defensa de los inmigrantes y de la asistencia social han escrito a una investigación del Senado sobre el proyecto de ley de Enmienda de la Legislación sobre Servicios Sociales instando a los parlamentarios a oponerse a ella.
Si se aprueba, el proyecto de ley impondría un periodo de espera coherente de cuatro años a los nuevos inmigrantes a partir del año que viene antes de que puedan acceder a la ayuda para cuidadores, la paga por periodo parental, la paga para padres y parejas, el subsidio para cuidadores, el beneficio fiscal familiar y las tarjetas sanitarias para personas mayores de la Commonwealth.
Ya se aplica un periodo de espera de cuatro años a las ayudas JobSeeker, Youth Allowance, Austudy y otras.
Los titulares de visados humanitarios y sus familiares seguirían estando exentos del periodo de espera. Además, el cambio sólo afectaría a los futuros residentes permanentes y no modifica las normas para los que ya están en Australia.
Esto también afecta de forma desproporcionada a las mujeres y podría impedir que las personas huyan de la violencia doméstica, han advertido grupos de defensa.
El Consejo de Migración de Australia advirtió que la medida podría ser un elemento más de disuasión para que los inmigrantes vengan a Australia, después de que muchos se quedaran sin apoyo financiero el año pasado al inicio de la pandemia de COVID-19.
En un informe publicado a principios de este año, el Comité de Desarrollo Económico recomendaba reducir a seis meses el periodo de espera para todas las ayudas sociales, con el fin de que los inmigrantes cualificados tengan más posibilidades de encontrar empleo.
Entrevistado: Miguel Mudbidri, agente migratorio en Sídney.
