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Estados autoritarios estarían usando lucha contra COVID-19 como pretexto para reprimir

Migrants from Central America have their backgrounds checked in Tijuana on the Mexican side of the border with the United States. Source: AP

Los estados autoritarios están aprovechando las medidas de distanciamiento social aplicadas para controlar la pandemia de COVID-19 para reprimir a sus ciudadanos y evitar la organización de los opositores, dijo a SBS Spanish Jorge Aroche, experto en trauma y tortura.

El COVID-19 es una amenaza sanitaria mundial. Los países han cerrado sus fronteras y una gran parte de ellos han confinado a sus pobladores en sus casas, mientras las fuerzas del orden patrullan las calles y caminos. Se han impuesto cuarentenas, toques de queda y medidas de emergencia sin precedentes que incluyen el uso, potencial o real, de mecanismos digitales de rastreo de personas contagiadas.

Todas estas medidas, desde el punto de vista epidemiológico, son justificables, pero algunos gobiernos autoritarios se han aprovechado de la situación para obtener un mayor poder y control sobre sus ciudadanos y reprimir a las voces críticas, según el psicólogo clínico de origen uruguayo, Jorge Aroche, del Servicio para el Tratamiento y Rehabilitación de los Sobrevivientes de Trauma y Tortura de NSW (STARTTS, por sus siglas en inglés).

“Los gobiernos de algunos países están utilizando las medidas que se están tomando para controlar la expansión del virus como vehículo de represión”, comentó Aroche, al apuntar que al parecer en algunos de ellos “es más importante dar más poder a las fuerzas armadas que a los fondos de los sistemas sanitarios”.


 Puntos destacados:

  • Los gobiernos estarían usando las restricciones sociales para acallar a la oposición.
  • La tramitación de pedidos para acoger refugiados se ha paralizado por la pandemia.
  • Los refugiados vienen de situaciones traumáticas y la pandemia les trae nuevamente esas memorias.

Asimismo, las medidas extraordinarias de restricción de movimiento y reunión, que implica en algunos casos la renuncia a derechos esenciales, evitan que la prensa pueda ejercer su papel fiscalizador.

Entre estos casos se destaca a Honduras, cuyo gobierno declaró a mediados de marzo un estado de emergencia y suspendió una serie de derechos constitucionales, incluyendo la libertad de expresión.

Por su lado, en Camboya, el primer ministro Hun Sen podría obtener poderes, en virtud de una propuesta, para restringir todas las libertades civiles y políticas sin controles, además de hacerse con la capacidad de vigilar sin control las telecomunicaciones, los medios y las redes sociales.

En Venezuela, país que afronta una crisis política, económica y social, la pandemia le ha dado “una excusa” al gobierno de Nicolás Maduro, “para intensificar la represión, especialmente contra los más pobres y la disidencia política. Imágenes recientes muestran a la policía y la Guardia Nacional humillando a docenas de personas que desobedecieron el aislamiento para ganarse la vida”, denuncia la ong Open Democracy.

Asimismo, Amnistía Internacional indica que en Venezuela, las autoridades del Gobierno de Maduro han detenido arbitrariamente al menos a dos trabajadores de salud pública por denunciar la falta de recursos, así como a periodistas como Darvinson Rojas, por informar sobre la situación del país.

"Tristemente la característica en los últimos años es la represión del trabajo de los periodistas", dijo en entrevista con SBS Spanish, Carolina Jiménez, Directora de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional.

Asimismo Jiménez denunció la situación en Nicaragua, que no ha tomado ninguna medida de emergencia para detener la pandemia y por el contrario "promueve medidas que son ampliamente señaladas como contraproducentes".

"Es increíble ver cómo los gobiernos pueden poner a su propia población en riesgo porque quieren ocultar información o porque no quieren aceptar que no tienen el sistema de salud necesario para combatir (a la pandemia)", precisó la defensora de derechos humanos.

En varios de esos países de Oriente Medio o África, contrastan las imágenes de avenidas vacías recorridas por vehículos militares encargados de hacer respetar los confinamientos, con las de los movimientos populares que, en 2019, provocaron la caída de gobiernos y jefes de Estado en Argelia, Irak, Líbano o Sudán.

La lista de denuncias de este tipo abundan en la prensa. Entre los casos, se encuentra el del presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, quien ha militarizado la respuesta contra la pandemia en lugar de darle un enfoque sanitario. En Turquía, su presidente Recep Tayyip Erdoğan ha otorgado una amnistía a unos 90.000 presos, a excepción de periodistas y activistas políticos tras las barras.

Por su parte, Perú ha otorgado más poderes a la Policía, mientras que en El Salvador, su presidente es acusado de violar el orden democrático y promulgar decretos por Twitter, dándole poderes extraordinarios a las fuerzas del orden.

"Es muy preocupante ver cómo los gobiernos han generado la figura del superpolicía. Los policías tienen poderes especiales para detener, para maltratar, para usar la fuerza sin que esto tenga ninguna consecuencia", recalcó Jiménez, al insistir en que si bien se entiende que se deben tomar medidas en casos excepcionales "hay derechos que por su importancia no pueden ser restringidos: el derecho a la vida o el derecho a la vida libre de tortura".

"Cuando a una fuerza de seguridad se la da el permiso detener libremente sin ningún criterio ni protocolo puede incurrir en un acto que podrían resultar en tratos inhumanos y degradantes", precisó.

STARTTS, que trabaja en Australia con inmigrantes que han sido víctimas de tortura y trauma, recalca que la pandemia ha “exacerbado los sistemas de represión” dado que las manifestaciones callejeras ya no están permitidas debido a las restricciones sociales.

“En situaciones en donde se prohíbe la reunión de dos o tres personas para evitar el contagio se restringe la capacidad de la gente para organizarse. Esto le viene 'a pelo' a los gobiernos transgresores y represores”.

Los refugiados, los más vulnerables 

En plena pandemia, los programas de acogida para refugiados han sido paralizados en Australia y en el resto de los países, lo que deja en una situación de mayor vulnerabilidad a los más de 70 millones de refugiados que hay en el planeta.

La situación es crítica en los campamentos que acoge a miles de ellos en Oriente Medio, pero también en los centros que auspicia Australia en las islas Manus y Nauru, así como en las fronteras de Colombia con Venezuela, Estados Unidos y México, o las llamadas “Caravanas de Centroamericanos” que huyen de la situación de violencia en sus países, por mencionar algunos casos.

“Nos da mucho temor cuando el virus llegue a los campos de refugiados”, expresa Aroche, al remarcar que en esos lugares la gente está hacinada y tiene menos acceso a los recursos sanitario y financieros.

Para los solicitantes de asilo o refugiados la situación es más difícil en tiempos de pandemia dado que “todos tienen menos acceso a servicios y protección social, y eso los pone en situación muy vulnerable porque muchos de ellos dependen de trabajos casuales, algo que está muy mermado”, recalcó Aroche.

En Australia, en donde STARTTS trabaja con solicitantes de asilo y refugiados, la situación es “compleja” dado que se trata de personas que han sufrido el impacto de conflictos, guerras y otras situaciones violentas de las que han tenido que huir.

“Muchos de ellos tienen recuerdos de momentos de privación, les trae una inquietud en un contexto de represión, de guerra, y es como que esto de hacer cola, de no poder acceder a espacios, de no poder reunirse con otras personas, de ver menos gente en las calles, les traen recuerdos”, precisó.

El psicólogo clínico explicó que la pandemia detona “gatillos de memorias perturbadoras”. Además, el hecho de que puedan padecer de aislamiento social por su condición, “les hace difícil establecer relaciones de confianza con la gente y acceder a servicios cuando (anteriormente) se han sentido traicionados por estos servicios, por la gente y por las instituciones sociales”.

El reto para STARTTS, que ha intentado agruparlos en actividades sociales, es poder seguir brindando servicios de asistencia, a través de medios digitales: por ejemplo llamadas o videoconferencias colectivas, a la par que intenta comunicarse individualmente con ellos.

Pero la tecnología tiene una limitación: mella la privacidad de los clientes de STARTTS, especialmente si se encuentran en una situación de confinamiento grupal.

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