Las audiencias para desclasificar documentos sobre la participación de Australia en el golpe de Pinochet continuarán en secreto

El Dr Clinton Fernandes está impugnando la decisión de los Archivos Nacionales de Australia de retener la publicación de documentos históricos relacionados con las operaciones del Servicio Secreto de Inteligencia Australiano (ASIS) entre 1971-1974 en Chile, además de registros sobre la participación de Australia en el derrocamiento del presidente Salvador Allende. Sin embargo, los representantes de la inteligencia australiana dicen que la divulgación de información puede ser perjudicial y debe mantenerse en secreto.

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File image. Source: AAP

El Dr Fernandes, un ex oficial de inteligencia militar del ejército australiano, presentó su caso en el Tribunal Administrativo de Apelaciones (AAT) el miércoles con el abogado Ian Latham. El dúo ha trabajado en el pasado en desafíos similares que revelaron con éxito una cantidad significativa de documentos pertenecientes a operaciones históricas y secretas de inteligencia australiana en el extranjero.

Durante el primer día de la audiencia de tres días, el Sr. Latham argumentó que existe un interés público en divulgar estos documentos de manera adecuada y afirmó que gran parte de este material ya está en el dominio público.

“Se ha sabido formal e informalmente sobre la participación de Australia en Chile”, dijo al tribunal.

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En mi opinión, la evidencia pública disponible mostrará que ASIS ha emprendido operaciones y que estas operaciones se llevaron a cabo en un momento en que Estados Unidos estaba involucrado en el socavamiento del gobierno de Allende.
El Sr. Latham argumentó que, en ese momento, "la propia ASIS se mostró reacia a participar porque no había ningún interés directo de Australia [en Chile]".

Agregó que ASIS tenía oficinas en Chile y que esas oficinas habían colaborado con agentes de la CIA.



En su resumen, Latham dijo que los hechos ocurrieron hace unos 50 años y que la mayoría de las personas involucradas habían fallecido. Destacó que Fernandes esperaba que todo lo "que deba mantenerse en secreto se mantuviera en secreto" y que la confidencialidad de los asuntos sensibles "se mantuviera".

Sin embargo, argumentó que no todos los documentos clasificados que buscan desclasificar son documentos de inteligencia, sino documentos gubernamentales sobre autorizaciones, que son una parte importante del registro histórico.

Por su parte, el abogado que representa a los Archivos Nacionales de Australia, Andrew Berger, argumentó que los documentos clasificados son documentos de la Commonwealth y destacó que las decisiones pasadas que los clasificaron como "exentos" de divulgación bajo la Ley de Archivos fueron "cuidadosamente consideradas".

Berger dijo que, si el tribunal llega a la conclusión de que los registros son "seguros" y no representan un peligro de resultar publicados, entonces se debe llamar al Inspector General para que proporcione pruebas.

También hizo hincapié en que luego sería necesario, de acuerdo a la ley, realizar un "análisis de mosaico".



De acuerdo con la teoría del análisis de mosaico, en materia de seguridad nacional, elementos o pedazos de información disímiles y divergentes podrían potencialmente adquirir un significado adicional cuando se combinan con otros elementos de inteligencia.

En este sentido, Berger explicó que los distintos elementos de inteligencia individuales pueden usarse como un "rompecabezas", que se puede armar, y nadie puede "posiblemente conocer toda la información que nuestros adversarios tienen para armarlo".

Si el Tribunal examinara cualquier palabra en una serie de documentos, es posible que se pregunten por qué no pueden ser desclasificados, pero no se dan cuenta del daño que pueden surgir [cuando se combinan con otra información].
El tribunal escuchará los testimonios de tres testigos, entre ellos Anthony Sheehan, subsecretario adjunto de Seguridad Internacional, Grupo Humanitario y Consular del Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio y exdirector adjunto de ASIO; el ex oficial de ASIO Peter Darby*, quien trabajó para ASIO por unos 40 años; y Jack Lowe*, empleado de ASIS durante más de 25 años.

El tribunal escuchó que los tres testigos habían revisado previamente los registros en cuestión y tras analizarlos cuidadosamente, habían concluido que se debían mantener secretos.

Se espera que Lowe, que es el testigo principal del gobierno, "justifique cada omisión del material", según Berger.



El tribunal escuchó que Lowe había revisado los registros y había tenido en cuenta la antigüedad de la información, además de lo que está ya en el dominio público, antes de decidir que los documentos deben continuar clasificados. Se dijo que Lowe también consideró el análisis de mosaico al emitir su affidavit.

Por su parte, Sheehan le dijo al tribunal que, en su calidad de representante del Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio (DFAT, siglas en inglés), ha identificado elementos en los documentos que deben protegerse.

“Hay partes que no se pueden revelar”, dijo. Sin embargo, reconoció que en algunos casos “generales” el daño potencial a la Commonwealth (Mancomunidad) disminuye con el tiempo.

Augusto Pinochet y la junta militar en 1973.
Augusto Pinochet y la junta militar en 1973. Source: AP


¿Necesidad de secretismo, 50 años después de los hechos?

Antes de la audiencia, Fernandes dijo a SBS Spanish que su caso no intentaba “averiguar los nombres de ninguno de los oficiales de ASIS o ASIO involucrados”.

Lo que queremos saber es la motivación, las instrucciones, las órdenes, la planificación de políticas.
“El daño a la seguridad nacional de Australia hoy es inexistente, ya que los documentos ya tienen unos 50 años”, dijo.

Su abogado, Ian Latham dijo a SBS Spanish en una entrevista previa, que "ya hay una divulgación pública significativa sobre las actividades australianas en Chile durante ese período por parte de varios de los participantes en el proceso, tanto a nivel político como administrativo".

Está previsto que el proceso se lleve a cabo hasta el 4 de junio, pero el resto de las audiencias se llevarán a cabo en secreto.

Esto es porque la Fiscal General de Australia, Michaelia Cash emitió un certificado de interés público, que suprime la divulgación de evidencia proporcionada por agencias gubernamentales como ASIS, ASIO y DFAT, alegando que “sería contrario al interés público porque la divulgación perjudicaría la seguridad, la defensa o las relaciones internacionales de Australia”.

Esto significa que, si la AAT decide no desclasificar los documentos, el público australiano nunca sabrá por qué.

Smoke pours from the Chilean presidential palace, La Moneda, in this Sept. 11, 1973, file photo, after being hit by rockets fired by the air force Hawker Hunter jet fighters
Smoke pours from the Chilean presidential palace, La Moneda, in this Sept. 11, 1973, file photo, after being hit by rockets fired by the air force Hawker Hunter Source: AAP


AAT 'no es un tribunal'

El Tribunal Administrativo de Apelaciones es diferente a un tribunal. Todos sus miembros, incluido el juez que preside el Tribunal Federal, son nombrados por el fiscal general. Además, cuando las sesiones se llevan a cabo a puerta cerrada, los solicitantes "no pueden ver las presentaciones de la otra parte, o al menos la mayor parte de sus presentaciones, o la mayor parte de sus pruebas", explicó Latham a SBS Spanish.

“A menudo ni siquiera ves la esencia de su argumento en absoluto. Por lo tanto, es un proceso muy diferente a la forma en que normalmente funciona el litigio, donde ambas partes deben mostrar tanto sus argumentos como sus pruebas”.

Lo que sucederá en los próximos dos días de audiencias y el resultado es difícil de predecir. El tribunal puede decidir o no llamar a las partes para que presenten más pruebas, y pueden pasar semanas o incluso meses antes de que se emita una decisión.

Scene from anti-Pinochet protest captured by ASIO camera. Melbourne, September 11, 1974.
Scene from anti-Pinochet protest captured by ASIO camera. Melbourne, September 11, 1974. Source: National Archives of Australia


Lo que sabemos sobre la participación secreta de Australia en el golpe militar chileno

La participación de Australia en Chile se hizo pública en 1977 después de que el ex primer ministro Gough Whitlam creara una Comisión Real para investigar los servicios de seguridad de Australia.

El propio Whitlam le dijo al Parlamento que tenía conocimiento de que "el personal de inteligencia australiano estaba trabajando como representantes de la CIA para desestabilizar al gobierno de Chile".


 

El entonces ministro de Inmigración, Clyde Cameron, declaró al programa 4 Corners de la ABC en 1983:

Me asombré cuando me convertí en Ministro de Inmigración y descubrí que había algo así como 21 o 24 puestos (postings) en todo el mundo de agentes de la ASIO que se hacían pasar por funcionarios de inmigración.

“De hecho, formaban parte del establecimiento del Departamento de Inmigración en el extranjero y cuando descubrí el papel que había jugado la inteligencia australiana en el derrocamiento del gobierno de Allende en Chile en 1973, me horroricé al pensar que mi propio departamento estaba involucrado en este tipo de trabajo, y que nuestros agentes de inteligencia en Chile actuaban como el guion agregado (hyphen), si se quiere, entre la CIA que no podía operar en Chile en ese momento, con la CIA y la junta de Pinochet”.


 

ASIS es la agencia de recopilación de inteligencia secreta en el extranjero de Australia, mientras que ASIO es la Organización de inteligencia de seguridad de Australia. Son dos agencias separadas, que se enfocan en recopilar diferentes tipos de inteligencia.

Los Archivos Nacionales de Australia deben publicar la mayoría de los registros después de 20 años o más, a menos que se consideren "exentos", por motivos de seguridad nacional, o porque puedan causar daños al Commonwealth o las relaciones internacionales.

Fernandes solicitó por primera vez el acceso a los registros relacionados con las operaciones de ASIS en Chile en virtud de la Ley de Archivos en agosto de 2017.

El Archivo no tomó la decisión de entregar los documentos dentro del período prescrito de 90 días (lo que se considera una denegación de facto), así que Fernandes solicitó que el Tribunal revisara esta decisión.

A continuación, el Tribunal dio más tiempo al Director General de Archivos para revisar la solicitud.


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Published 2 June 2021 at 6:12pm
By Claudianna Blanco
Source: SBS Spanish