Los trapos sucios de los bancos ponen en evidencia la inacción del Gobierno australiano

Las evidencias que surgen día a día en las audiencias de la Comisión Real sobre los Bancos en torno a las estafas y los conflictos de intereses en las instituciones financieras de Australia han puesto en evidencia la reacción tardía del Gobierno de la coalición australiana, aunque el ministro de Finanzas, Mathias Cormann, instó a no medir a todos con la misma vara.

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El ministro australiano de Finanzas, Mathias Cormann, alertó del peligro de hacer “generalizaciones” respecto a la conducta de los bancos basándose solamente en las revelaciones que han surgido durante las investigaciones realizadas por la Comisión Real que analiza la conducta de los bancos y otras instituciones financieras de gestión de fondos.

 Cormann- quien se encuentra en Berlín con el primer ministro, Malcolm Turnbull, para dialogar sobre seguridad y comercio- dijo que está “sorprendido” por las revelaciones destapadas por el exjuez del Tribunal Superior de Australia y encargado de liderar la Comisión que investiga a los bancos, Kennet Hayne.

 Aunque Cormann remarcó que la Comisión Real debería terminar con su trabajo antes de que se emitan conclusiones.

 “Uno no puede hacer generalizaciones”, comentó el ministro a Sky News al admitir que la Comisión trabaja para determinar qué se ha hecho y quienes son los responsables de estos actos.

Cormann también enfatizó que el Gobierno creía de forma genuina, antes de anunciar la creación de la Comisión, que las investigaciones sobre este sector que se habían realizado hasta esa fecha eran suficientes y que por ello se consideraba necesario adoptar acciones en lugar de seguir investigando.

También criticó a los políticos que han sugerido que todos los bancos deberían ser castigados por estas irregularidades privándolos de los beneficios de un eventual recorte de los impuestos corporativos, que el Gobierno pretende reducir del 30 al 25 por ciento para todas las empresas.

El escándalo de AMP

La gestora de fondos AMP corre el peligro de afrontar una serie de demandas colectivas en los tribunales australianos por haber mentido en las declaraciones realizadas a ASIC, que es el organismo regulador del sector.

 Las firmas legales australianas Shine Lawyers y Slater and Gordon, así como la internacional Quinn Emanuel anunciaron sendas investigaciones en nombre de sus accionistas.

 “Creemos que esto tiene el potencial se der una de las mayores (demandas legales colectivas) en la historia legal australiana”, dijo el abogado principal de Slater and Gordon', Mathew Chuk.

 Las tres investigaciones se centran en las revelaciones sobre las declaraciones falsas que hizo AMP ante la ASIC (Comisión Australiana de Valores y Seguros) por el escándalo “tarifas por no servicio” y que se destaparon la semana pasada.

En el interrogatorio realizado por la Comisión Real que investiga a los bancos y las instituciones financieras, el jefe de consultores de la AMP, Jack Regan, perdió la cuenta sobre el número de veces que la empresa mintió al regulador.

En la investigación realizada por la Comisión se conoció que AMP dijo a ASIC que cobró a sus clientes tarifas por las consultorías financieras que no les brindaron respondían a un error administrativo, en lugar de declarar que se trataba de una política deliberada.

 Pero la gestora de fondos mintió deliberadamente y siguió cobrando tarifas de forma ilegal a sus clientes “huérfanos”, es decir a quienes no tenían un consultor de finanzas, durante tres meses a pesar de que no les habían proporcionado una asesoría financiera.

 “El equipo de las demandas colectivas de la firma también está analizando las acusaciones contra AMP por no haber revelado el material informativo al mercado sobre sus tratos con el regulador, la ASIC, ni sobre sus procesos referidos a los riesgos de gestión”, agregó Shine Lawyers.

 Por su lado, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan sopesa la posibilidad de presentar una demanda colectiva en nombre de los accionistas por la caída del precio de las acciones en más de 1.000 millones de dólares desde que comenzó a destaparse el escándalo

 AMP, una institución de 169 años de antigüedad, no quiso comentar sobre la posibilidad de que se entablen diversas demandas colectivas contra la empresa, mientras que su presidente, Catherine Brenner, afronta una creciente presión de cara a la reunión general prevista para el 10 de mayo.

 El viernes pasado, el director ejecutivo de AMP, Craig Meller, renunció a su cargo tras el escándalo aduciendo que se siente “personalmente devastado” tras conocer el comportamiento de la institución y qla posibilidad de que ésta podría resultar en potenciales acusaciones criminales contra su personal.

 La AMP y los cuatro principales bancos han pagado alrededor de 219 millones de dólares en indemnizaciones a más de 310,000 clientes que recibieron asesoría financiera por tarifas cobradas por servicios fantasmas.

La ACCC apoya un aumento de sanciones financieras

La Comisión Australiana de Competencia y Consumo (ACCC, siglas en inglés) se mostró a favor de un aumento de las sanciones financieras a las empresas que actúen de mala fe, tras las continuas revelaciones sobre las malas prácticas en el sector financiero.

 El presidente de la ACCC, Rod Sims, dijo que el Gobierno estaba en lo correcto al proponer sanciones de hasta el 10 por ciento de la facturación de las empresas, lo que puede traducirse potencialmente en cientos de millones de dólares en multas.

 “Las multas impuestas actualmente en asuntos vinculados a la competencia y consumo representan decenas de millones. Necesitamos multas de cientos de millones”, dijo Sims el lunes a la cadena local ABC.

 Sus comentarios se dan después de que el primer ministro australiano, Malcolm Turnbull, admitiera de que se equivocó al oponerse a la creación de una Comisión Real independiente para investigar al sector financiero.

 Las primeras tres semanas de investigaciones han supuesto una vergüenza política para el Gobierno de la coalición y un desastre publicitario para los principales bancos de Australia, que manejan el 80 por ciento de los préstamos, y la gestora de fondos AMP.



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