Puntos destacados:
- El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó "de espionaje" y "conspiración" y expulsó del país a la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que operó en el país desde 2019.
- La expulsión se produjo tras las declaraciones del organismo sobre el arresto de la activista Rocío San Miguel acusada de "terrorismo".
- Según defensores de derechos humanos, la decisión crea lagunas de protección inmediatas para personas y comunidades en riesgo, ya que la situación de derechos humanos se está deteriorando aún más.
Sinopsis:
El gobierno de Venezuela suspendió las actividades de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país suramericano, instalada en 2019, en una medida que siguió a declaraciones del organismo sobre el arresto de la activista Rocío San Miguel acusada de "terrorismo".
El canciller Yvan Gil anunció ante la prensa la decisión del gobierno del presidente Nicolás Maduro, que incluyó la expulsión del personal de esta Oficina Técnica de Asesoría, hasta que “rectifique públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de Naciones Unidas”.
Dos días antes, el Alto Comisionado se había sumado a las voces que se declararon preocupadas por la detención de la activista Rocío San Miguel, directora de la organización no gubernamental Control Ciudadano a quien la Fiscalía de Venezuela acusa de participar en una supuesta conspiración contra Maduro y de la cual las autoridades aún no han ofrecido pruebas.
Sin embargo, el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó "de espionaje" y "conspiración" a la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que operó en el país hasta la semana pasada.
Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU lamentó a través de un comunicado la decisión de Venezuela de suspender sus operaciones. La portavoz Ravina Shamdasani dijo que están evaluando los siguientes pasos a seguir.
Según activistas, esta oficina de la ONU ha desempeñado desde octubre de 2019 un papel importante en el monitoreo y documentación de la situación de derechos humanos en el país y en la prestación de apoyo y asistencia a las víctimas y supervivientes. Por lo tanto, la decisión de suspender su presencia crea lagunas de protección inmediatas para personas y comunidades en riesgo, ya que la situación de derechos humanos se está deteriorando aún más.
Mientras el defensor de los derechos humanos, Luis Carlos Díaz, afirma que la oficina de la ONU ratifica que Venezuela es un Estado que “no cumple reglas, que no le gustan las críticas”.
Además, los Gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Uruguay han rechazado mediante un comunicado la decisión de Venezuela de expulsar al personal de la oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
También reaccionó Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), a quien preocupa que ocurra en un año de elecciones presidenciales en Venezuela.
Por su parte, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, antes anunció que 19 personas fueron detenidas por su presunta participación en un plan de "conspiración y magnicidio" contra el presidente venezolano Nicolás Maduro.
Por tanto, defendió la detención por "terrorismo" de la activista de derechos humanos Rocío San Miguel, un hecho que oenegés califican de "escalada" contra la sociedad civil a pocos meses de las elecciones presidenciales.
