El Informe Mundial 2020 es el trigésimo publicado por Human Rights Watch que revisa las prácticas de derechos humanos en casi 100 países, incluida Australia.
Kenneth Roth, jefe de Human Rights Watch asegura que para mantenerse en el poder, el gobierno de Xi Jinping "ha construido un Estado de vigilancia orwelliano, altamente tecnológico, y un sofisticado sistema de censura de internet para vigilar y suprimir la crítica pública", en un informe de 650 páginas sobre el estado de los derechos humanos en el mundo en 2019.
"En el extranjero, utiliza su creciente poderío económico para silenciar críticos y llevar a cabo el ataque más intenso contra el sistema global de defensa de los derechos humanos desde su surgimiento a mediados del siglo XX", denuncia.
Un diplomático de la misión china ante la ONU, Xing Jisheng, presenció la conferencia de Roth e intervino al final para señalar que su informe "está lleno de prejuicios y mentiras", aunque no precisó cuáles.
La libertad de los medios de comunicación, los derechos indígenas, las políticas relativas a los solicitantes de asilo y el cuidado de los ancianos en Australia son algunos de los temas planteados por el informe.
Opiniones del director de STTARTS, el servicio para el tratamiento y la rehabilitación del trauma y la tortura de Nueva Gales del Sur, Jorge Aroche.
El informe critica las políticas de refugiados y solicitantes de asilo del gobierno federal australiano, y dice que las instalaciones médicas en Papua Nueva Guinea y Nauru no están atendiendo adecuadamente las complejas necesidades de salud de los detenidos en alta mar.
Si bien Human Rights Watch acogió con satisfacción el anuncio de una Comisión Real sobre violencia, abuso, negligencia y explotación de personas con discapacidad, la organización dice que se necesitaba hacer más para apoyar a las personas con discapacidad en el sistema penitenciario. Y acota que más de la mitad de la población carcelaria de Australia tiene algún tipo de discapacidad.
La ONG también condenó la alta tasa de australianos indígenas en el sistema de justicia penal, y especialmente los niños indígenas que tienen 26 veces más probabilidades de ser detenidos que los niños no indígenas.
