Mientras Estados Unidos presiona a varios países de América Latina para triplicar sus presupuestos de defensa, el crimen organizado moviliza recursos multimillonarios con tecnología de última generación.
PUNTOS DESTACADOS:
- La exigencia de la Casa Blanca de aumentar los presupuestos de defensa abre debate sobre la eficacia de comprar armamento pesado para combatir a las mafias urbanas.
- Washington está exigiendo a los gobiernos de América Latina un aumento en sus presupuestos de seguridad que alcance el 3,5 % de sus economías.
- El Pentágono busca orientar los fondos hacia aviación, radares y ciberseguridad estadounidense.
Tras imponer metas de gasto de defensa a sus aliados de la OTAN en Europa, Washington aplica ahora esa misma doctrina en América Latina, exigiendo a los gobiernos de la región un aumento drástico en sus presupuestos de seguridad para alcanzar el 3,5 % de sus economías.
Esta exigencia sin precedentes busca condicionar la agenda de un continente sin hipótesis de conflicto bélico entre Estados, donde el principal desafío radica en la violencia urbana y el crimen organizado.
Detrás de la presión de Estados Unidos se cruzan la competencia por el control tecnológico frente a China y un choque abismal de capacidades. El Pentágono busca orientar los fondos hacia aviación, radares y ciberseguridad estadounidense.
Sin embargo, en el terreno, organizaciones como el Cártel de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación, el Tren de Aragua, el Primeiro Comando da Capital y disidencias armadas en Colombi, que mueven decenas de miles de millones de dólares anuales en cocaína, fentanilo, minería ilegal y extorsión, cuentan con fusiles de asalto, drones con explosivos y comunicaciones encriptadas.
Este negocio responde a la voraz demanda global de drogas. El mercado prioritario sigue siendo Estados Unidos, con más de cien mil muertes anuales por sobredosis de opioides sintéticos, mientras los cargamentos se extienden a Europa, Asia y Medio Oriente.
Aunque el Comando Sur canaliza ayuda a través de programas como el Plan Colombia o la Iniciativa Mérida, analistas critican la contradicción de exigir un mayor esfuerzo fiscal a la región mientras el consumo en los países receptores sigue financiando a las mafias.
En este escenario, la meta del 3,5 % fijada por Washington resulta inviable para el Instituto de Estocolmo, dado que el promedio latinoamericano apenas ronda el 1,3 por ciento. El mapa muestra profundas grietas: Colombia lidera la inversión con un 3,2 % de su economía debido a su conflicto interno. Le siguen Ecuador con el 2,1 %, Uruguay con el 2 % y Chile con el 1,5 %.
En contraste, las mayores economías registran los niveles más bajos: Brasil invierte el 1,05 %, Perú el 0,5 %, México el 0,7 % y Argentina apenas el 0,5 %, sin contar a Costa Rica o Panamá que carecen de ejército.
