La cita electoral busca afianzar la gobernabilidad del Ejecutivo en un contexto de agudas protestas por apagones, creciente presión diplomática de Estados Unidos y fuertes cuestionamientos sobre la cifra real de presos políticos excarcelados.
PUNTOD DESTACADOS:
- La mandataria encargada, Delcy Rodríguez, convocó a una consulta comunal en Venezuela para el próximo 11 de octubre.
- Más de 5000 circuitos comunales decidirán la asignación directa de fondos estatales para reparar redes de agua o alumbrado eléctrico local.
- A la par del malestar por la inflación desbordada, la devaluación del bolívar y los retrasos en la reconstrucción tras los terremotos, el país enfrenta un grave deterioro de sus servicios básicos.
La mandataria encargada venezolana Delcy Rodríguez anunció la celebración de una nueva Consulta Popular Nacional para el próximo 11 de octubre. Esta convocatoria comunal busca afianzar la gobernabilidad del Ejecutivo interino en medio de profundas tensiones políticas. El proceso avanza bajo la mirada vigilante de Estados Unidos.
Esta votación del 11 de octubre no definirá ningún cargo público. Más de 5000 circuitos comunales decidirán la asignación directa de fondos estatales para reparar redes de agua o alumbrado eléctrico local.
Sin embargo, observadores internacionales señalan que la consulta comunal en Venezuela intenta desviar el foco público de una acumulación de crisis sin precedentes. A la par del malestar por la inflación desbordada, la devaluación del bolívar y los retrasos en la reconstrucción tras los terremotos, el país enfrenta un grave deterioro de sus servicios básicos.
El colapso del sistema eléctrico ha detonado fuertes protestas vecinales con cierre de vías en estados como Zulia, Táchira y Carabobo. La emergencia obligó a la gobernante interina a recortar la jornada del sector público hasta el mediodía para frenar la demanda.
El Ejecutivo interino necesita además frenar con urgencia el colapso del sector petrolero nacional. La estatal PDVSA sufre por años de desinversión, deterioro de refinerías y la falta de insumos importados para diluir los crudos pesados. Esta parálisis productiva recortó dramáticamente las exportaciones y los ingresos fiscales del Estado. La escasez de combustible paraliza el transporte de carga y agrava el desabastecimiento en las provincias. El gobierno interino urge emitir nuevas licencias petroleras para captar capitales estadounidenses y europeos.
Durante un acto oficial en el Palacio de Miraflores, la mandataria firmó una alianza con consorcios internacionales.
Por esta razón el proceso venezolano avanza bajo la mirada de Washington. La administración estadounidense mantiene la vista fija en la apertura de la industria de los hidrocarburos y condiciona el alivio de las sanciones económicas a gestos concretos en materia de derechos humanos. Estas negociaciones a puerta cerrada se desarrollan únicamente con un sector de la oposición, dejando fuera a la líder opositora María Corina Machado y a las fuerzas de su alianza política.
En este contexto se enmarca la reciente tanda de excarcelaciones de prisioneros políticos. La autoridad interina afirma haber liberado a 1046 personas desde enero. Sin embarg, organizaciones pro derechos humanos como Foro Penal cuestionan abiertamente la veracidad de esos números.
El Foro Penal informó que ha verificado la excarcelación de 78 presos políticos en Venezuela desde el pasado viernes. La cifra que confirma la organización es inferior a las 131 medidas anunciadas por las autoridades interinas de Venezuela.
La mayoría de los liberados venezolanos abandona los calabozos, pero no la persecución. Enfrentan medidas cautelares, regímenes de presentación periódica y un veto estricto para declarar ante la prensa.
