PUNTOS DESTACADOS:
- La defensa de Nicolás Maduro y Cilia Flores ha recaído en Barry Pollack, el estratega conocido por liderar el caso de Julian Assange.
- Fuentes jurídicas en el Distrito Sur de Nueva York estiman que el costo de esta representación ascenderá a los 100 millones de dólares.
- Mientras en Nueva York se liquidan facturas millonarias, en Venezuela el salario mínimo mensual se ubica, a abril de 2026, en apenas 0.49 dólares.
En un giro que redefine la relación entre la diplomacia y la justicia federal, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, siglas en inglés) ha emitido una licencia extraordinaria. Esta autorización permite al Estado venezolano sufragar los gastos legales de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, actualmente recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, tras su captura el pasado 3 de enero.
Acusados de narcoterrorismo y delitos con armas de guerra, la pareja contará con una defensa de élite financiada por el erario. Lejos de ser una concesión política, la decisión responde a una necesidad procesal; es decir, blindar el juicio contra posibles nulidades por "indefensión".
Bajo la Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense, el sistema garantiza que una condena solo es válida si el acusado tiene una representación efectiva.
El rigor de la acusación federal se fundamenta en investigaciones que datan de 2020. El Departamento de Justicia vincula a Maduro con el llamado Cártel de los Soles, una organización que —según el expediente— operó durante décadas para inundar a Estados Unidos con estupefacientes.
Los informes de inteligencia describen un esquema de lavado de activos y explotación irregular de oro que permitió la acumulación de fortunas masivas. Organizaciones como Transparencia Venezuela estiman que el patrimonio atribuido a este entorno podría alcanzar los 3,800 millones de dólares. Una cifra que hoy choca frontalmente con la emergencia humanitaria que atraviesa la nación sudamericana.
Sin embargo, Nicolás Maduro aseguraba que ganaba 120 dólares por mes.
La defensa de Nicolás Maduro y Cilia Flores ha recaído en Barry Pollack, el estratega conocido por liderar el caso de Julian Assange. Pollack enfrenta a una fiscalía que presentará terabytes de comunicaciones interceptadas y análisis financieros transnacionales.
Fuentes jurídicas en el Distrito Sur de Nueva York estiman que el costo de esta representación ascenderá a los 100 millones de dólares. En Estados Unidos si un acusado posee patrimonio —aunque sea estatal—, el sistema le obliga a agotarlo antes de asignar un defensor público. Estos fondos cubrirán laboratorios forenses propios para rebatir las pruebas técnicas del gobierno estadounidense.
Este desembolso de al menos 100 millones de dólares revela un abismo devastador. Mientras en Nueva York se liquidan facturas millonarias, en Venezuela el salario mínimo mensual se ubica, a abril de 2026, en apenas 0.49 dólares. Esta cifra no alcanza siquiera para adquirir un kilo de carne.
La reacción ha sido un estallido de indignación: mientras el oficialismo lo describe como una victoria contra la "persecución", la sociedad civil lo denuncia como un saqueo final al patrimonio nacional.
El dirigente político Andrés Velásquez rechaza que se utilicen recursos públicos para costear la defensa de Nicolás Maduro.
Con esta licencia, el Departamento del Tesoro ha movido su última pieza en un tablero donde la ley y la geopolítica se confunden. Al garantizar la "igualdad de armas", Estados Unidos anula el discurso de la "persecución política" antes de que el primer testigo suba al estrado.
