Puntos destacados:
- La ofensiva con explosivos en el suroeste de Colombia ha dejado un saldo oficial de 21 civiles muertos y 56 heridos.
- El hecho ha provocado la crisis de seguridad más aguda de la última década en el país.
- Esta violencia ocurre a solo cuatro semanas de los comicios presidenciales del 24 de mayo.
Una mortífera ofensiva con explosivos en el suroeste de Colombia ha dejado un saldo oficial de 21 civiles muertos y 56 heridos, provocando la crisis de seguridad más aguda de la última década.
Esta violencia sacude los cimientos de la democracia colombiana a solo cuatro semanas de los comicios presidenciales del 24 de mayo.
Uno de los ataques fue con un cilindro bomba ocurrió en el municipio de Cajibío, Cauca.
El estallido de artefactos de alto poder contra vehículos de transporte público en la Vía Panamericana no solo ha enlutado al país, sino que ha desplazado el debate electoral hacia una urgente y polarizada discusión sobre la supervivencia nacional.
El ataque ha sido atribuido por el Ministerio de Defensa al Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las antiguas FARC que no suscribió el acuerdo de paz de 2016.
En un inusual pronunciamiento, el grupo armado reconoció la autoría del hecho pero lo calificó como un "error táctico", argumentando que su intención era emboscar una unidad militar.
No obstante, las imágenes del cráter y los testimonios de los sobrevivientes pintan una realidad distinta. El transportista y sobreviviente Romario Guerrero relató la explosión, mientras el Gobierno confirmaba la magnitud de la tragedia en un balance oficial de rechazo total.
La tragedia en plena contienda electoral, exacerba la división entre los aspirantes que lideran la intención de voto. La candidata del derechista Centro Democrático, Paloma Valencia, quien figura en los primeros lugares de las encuestas, denunció que el Frente 42 de las disidencias puso un precio de 552.000 dólares por su vida, vinculando el ataque con el fracaso de la política de seguridad actual del gobierno izquierdista de Gustavo Petro.
En la otra orilla, Iván Cepeda, candidato presidencial oficialista y favorito en los sondeos, condenó el acto pero advirtió sobre la estigmatización de regiones y la instrumentalización política del miedo a favor de la derecha colombiana.
Ante la gravedad de la escalada, el Gobierno Nacional que preside Gustavo Petro ha ordenado el despliegue de 12.000 efectivos adicionales bajo el "Plan Democracia".
Sin embargo, tras los entierros masivos de las víctimas en Cajibío, la Misión de Observación Electoral advierte que el clima de zozobra podría disparar la abstención en una Colombia que decidirá su futuro bajo el estruendo de un conflicto que se resiste a quedar en el pasado.
