La enmienda constitucional, que está previsto que sea ratificada el 18 de enero de 2027 para entrar en vigor, busca afianzar aún más en el poder a los copresidentes nicaragüenses, Daniel Ortega y Rosario Murillo.
PUNTOS DESTACADOS:
- La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo, aprobó una reforma parcial profunda a la Constitución Política que excluye de participar en cargos de elección popular a los opositores considerados "traidores a la patria" y amplía a siete años el mandato presidencial.
- Al suprimir las elecciones generales de noviembre de 2026 y formalizar una copresidencia con mandatos de siete años para Daniel Ortega y Rosario Murillo, la nueva arquitectura legal en Managua fulmina los contrapesos institucionales, evocando los fantasmas de la dinastía somocista de 1936 a 1979.
- Además, sella la muerte civil e inhabilitación perpetua de más de 452 opositores despojados de su nacionalidad y eleva la tensión hemisférica de cara a la reunión ministerial convocada por la OEA para el próximo 17 de septiembre.
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó en primera legislatura una profunda reforma a la Constitución Política que amplía el período presidencial a 7 años y formaliza una copresidencia del Estado para Daniel Ortega y Rosario Murillo. La norma también prohíbe postularse a cargos públicos a los opositores calificados como traidores a la patria.
El izquierdista Daniel Ortega anunció esta iniciativa durante su discurso público del 19 de julio anterior, fecha que conmemora un aniversario más del triunfo de la Revolución Sandinista de 1979, utilizando esa plataforma para justificar la necesidad de blindar el marco institucional.
Por su parte, el parlamento, controlado por el oficialismo, dio luz verde por unanimidad al texto, cuya ratificación definitiva está prevista para el 18 de enero de 2027.
La enmienda introduce cambios estructurales drásticos en el ordenamiento jurídico nicaragüense, alterando directamente el calendario electoral al desplazar las elecciones generales previstas originalmente para noviembre de 2026 y extendiendo los mandatos vigentes.
Esta tipificación legaliza la muerte civil de más de 452 opositores despojados previamente de su nacionalidad y derechos civiles.
Varias figuras emblemáticas sufren esta inhabilitación perpetua consagrada en la Carta Magna, entre ellas el obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez; el director de Confidencial, Carlos Fernando Chamorro; la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez; el excomandante histórico Luis Carrión Cruz; y los reconocidos escritores internacionales Sergio Ramírez y Gioconda Belli.
Por su parte, las plataformas opositoras en el exilio rechazaron frontalmente la enmienda a través de una declaración conjunta firmada por al menos 11 agrupaciones.
Las reacciones gubernamentales internacionales no se hicieron esperar. Estados Unidos emitió duras críticas contra la modificación constitucional, acusando a Rosario Murillo de asignarse un cargo conjunto sin un mandato legítimo surgido de elecciones libres.
Ante este panorama, la Organización de Estados Americanos reaccionó con firmeza. Tras una votación reciente en el Consejo Permanente, el organismo multilateral fijó oficialmente la Reunión de Consulta de ministros de Relaciones Exteriores para el 17 de septiembre de 2026 con el fin de debatir colectivamente la crisis nicaragüense.
Historiadores y analistas establecen paralelismos ineludibles con el pasado autoritario de Nicaragua, recordando que el país centroamericano vivió bajo la dinastía de la familia Somoza durante 43 años, entre 1936 y 1979, un régimen basado en el control absoluto del Estado y la perpetuación familiar en el poder.
